Un acercamiento a la violencia sexual contra mujeres y niñas en El Salvador1

An approach to sexual violence against women and girls in El Salvador

Cristina García Castro2	Fecha de recepción: 16 de noviembre de 2023
cristy.c87@gmail.com El Salvador	Fecha de aprobación: 18 de enero de 2024
ORCID: 0000-0002-4356-6755

Resumen

Este escrito aborda el tema de la violencia sexual que se ejerce en contra de las mujeres y niñas en El Salvador. Como es bien sabido, la violencia sexual es un problema social que afecta en su mayoría, lamentablemente, a mujeres y niñas. Lo anterior, debido a la sociedad salvadoreña patriarcal en que vivimos y a sus patrones culturales que favorecen o estimulan la desvalorización de este sector de la sociedad y que, por ende, se torna en el grupo focal que sufre, en mayor medida, este tipo de agresiones. El artículo brinda un acercamiento académico al tema de la violencia sexual ejercida contra niñas y mujeres en El Salvador. El mismo está sustentado en diversas fuentes, entre ellas: fuentes de archivos, informes, documentos oficiales, artículos, libros, entre otros.

Palabras claves: violencia, mujeres, violación, patriarcado.

Abstract

This writing addresses the issue of sexual violence against women and girls in El Salvador. As is well known, sexual violence is a social problem that, unfortunately, mostly affects women and girls. The above is due to the patriarchal Salvadoran society in which we live and its cultural patterns that favor or stimulate the devaluation of this sector of society and which, therefore, becomes the focus group that suffers, to a greater extent, this type of aggression. The article provides an academic approach to the issue of sexual violence against girls and women in El Salvador. It is supported by various sources, including: archival sources, reports, official documents, articles, books, among others.

Keywords: violence, women, rape, patriarchy.

1. Introducción

El texto inicia mostrando un breve esbozo teórico sobre el tema para comprender y definir la problemática que acá se trata, es decir, la violencia sexual. Posteriormente, se muestra un panorama histórico sobre la violencia en el que se expone, de forma breve, diversos momentos de la historia salvadoreña donde la violencia contra mujeres y niñas ha estado presente. Lo anterior deja en evidencia que dicho fenómeno ha sido una triste realidad que ha estado latente en la sociedad salvadoreña en épocas pasadas. Echar un vistazo a la historia permite comprender que la violencia tiene causas estructurales que se remontan en el tiempo. Seguidamente, se aborda el sistema patriarcal y la cultura de la violación en la sociedad salvadoreña, ya que esta cultura es la que naturaliza este tipo de agresiones. Asimismo, se brindan datos y estadísticas sobre la violencia ejercida contra niñas y mujeres; y se exponen algunos casos de violencia sexual en particular. En términos generales, a través de diversas fuentes, se ofrece una narración sintética sobre la cultura de la violación expresada en la violencia sexual contra niñas y mujeres salvadoreñas.

2. Acercamiento teórico a la violencia sexual

La violencia es un fenómeno social que ha estado presente en diversos momentos históricos de la humanidad. Este fenómeno no es homogéneo en el tiempo ni en el espacio, y sus diversas aristas y tipos han variado de acuerdo al contexto y momento histórico en que se han desarrollado. La violencia tiene diversas expresiones, una de ellas es la violencia contra las mujeres. La teoría feminista considera que este tipo de violencia está fundamentada en la discriminación de este sector de la población por el simple hecho de ser mujeres. Esta discriminación se sustenta en el discurso que avala las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres; y que reproduce estereotipos de género. Estos estereotipos son diferenciados tanto para hombres como para mujeres y, por lo general, estos patrones se reproducen de generación en generación. Dichos estereotipos van moldeando las sociedades y mentalidades, por lo tanto, se tornan en elementos estructurales que se arraigan fuertemente en las sociedades. A partir de estas desigualdades se han forjado la mayoría de sociedades latinoamericanas, en las cuales es plausible identificar relaciones asimétricas que, generalmente, ubican a las mujeres como la población más vulnerable y, por lo tanto, la que padece las diversas afectaciones de este sistema patriarcal predominante.

La violencia contra las mujeres es ejercida en diversas formas, siendo una de las principales la violencia sexual. Este fenómeno social ha afectado a casi todas las sociedades a nivel mundial. En ese sentido, diversos organismos internacionales han ejecutado acciones que buscan erradicar todo tipo de violencia en contra de este sector de la población. Una de dichas iniciativas se llevó a cabo a finales de la década de los 70. El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y abrió a la firma y ratificación de sus miembros la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Esta convención es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles en torno a la discriminación contra las mujeres, dicho documento establece los lineamientos necesarios para contribuir a erradicarla. Al ratificarla, los Estados partes se comprometieron a consumarla y ejecutarla, mediante una serie de acciones a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos que se cometen en contra de las mujeres. El gobierno salvadoreño, por su parte, ratificó dicha Convención el 14 de noviembre de 1980, en la administración de José Napoleón Duarte (Convención sobre la eliminación, 1981).

A inicios de la década de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés como DEVAW. Esta declaración definió la violencia contra la mujer de la siguiente manera:

Como todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privado (Declaración sobre eliminación, 1993).

Esta definición es clara y tajante al afirmar que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, está basada fundamentalmente en la diferenciación de género. Lo anterior, expone que la misma puede tener diversas dimensiones o expresiones, tales como la dimensión física, psicológica, sexual, entre otras. La violencia sexual es pues, una clara manifestación de violencia de género ejercida contra las niñas y mujeres. La definición de violencia sexual que se retoma en el presente trabajo es la que propone la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional la considera como:

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (Informe, OMS, 2003, p. 161).

La definición anterior es precisa al afirmar que la violencia sexual no hace referencia solamente al mero acto sexual sin consentimiento, sino también a la intención de consumarlo. Asimismo, este tipo de acciones incurren en violencia independientemente del vínculo que el responsable tenga con la víctima. La OMS considera, por lo tanto, que la violencia sexual se puede ejercer tanto en el ámbito público, lugar de trabajo u otros sitios, como en el ámbito privado y el hogar. En ese sentido, esta definición ofrece un sustento teórico para comprender y analizar los casos de violencia que se presentarán más adelante en este ensayo. Estos casos son una muestra clara de la violencia que se ha ejercido, y se sigue ejerciendo, en detrimento de las niñas y mujeres salvadoreñas.

Es importante señalar que, el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional adoptado en la ciudad de Roma, en julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, define como «crimen de lesa humanidad», las diversas formas de violación, la esclavitud sexual, entre otras manifestaciones de violencia de este tipo. Se define como un crimen de lesa humanidad siempre y cuando estos actos se cometan «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque» (Estatuto de Roma, 1998, Art. 7). En ese sentido, la violencia sexual y la violación cumplen con estas características, ya que se trata de actos cometidos de forma sistemática en contra de las mujeres, aun teniendo el conocimiento que dichas acciones son actos violentos.

3. La violencia contra las mujeres en la historia salvadoreña

La historia salvadoreña da cuenta de diversos procesos sociales que se han suscitado en los 200 años de vida republicana. En este periodo, han quedado en evidencia diversos fenómenos sociales que todavía persisten hoy en día, siendo uno de los principales el de la violencia. En tiempos coloniales, cuando el actual territorio que hoy conocemos como El Salvador formaba parte de la denominada Capitanía General de Guatemala, llamada también Reino de Guatemala, lo que conocemos como la actual Centroamérica, las poblaciones que habitaban dicho territorio padecían la violencia social en diversos ámbitos. Esta violencia, en la época colonial, también afectaba a las mujeres pertenecientes a los diversos estamentos coloniales, desde las españolas, mulatas, ladinas e indígenas. La violencia como problemática social tuvo diversas manifestaciones, como los denominados motines de indios, que eran la forma más habitual que este sector de la sociedad colonial empleaba para hacer público su descontento o resentimiento en respuesta a ciertas medidas instauradas por las autoridades reales (Gutiérrez, 2003). Aunque no es la problemática que aborda este escrito, se hace mención de ello para visibilizar que la violencia es un eje transversal que ha estado presente en diversos momentos históricos del territorio que conocemos como El Salvador. De cierta forma, algunos de los rasgos violentos de la sociedad colonial, que existió antaño en estos territorios, se heredaron a las nuevas generaciones que vieron constituirse en república la antigua provincia de San Salvador.

A principios del siglo XIX, en la década de 1810 y 1820, en las colonias americanas supeditadas a la monarquía hispánica se dieron diversos procesos autonomistas, es decir que buscaban la independencia o autonomía de la monarquía. En ese contexto, y teniendo como antecedentes diversos hechos sociales, se llevó a cabo la independencia de Centroamérica. Posteriormente, se ejecutaron diversos proyectos políticos en la región que, aunque no tuvieron éxito -entre ellos la federación centroamericana-, dieron paso a la vida independiente a las que hasta ese momento habían sido las provincias del Reino de Guatemala. Fue hasta la década de 1840, cuando la antigua provincia de San Salvador tomó forma como Estado independiente e inició su camino como república soberana después del fracaso del proyecto federativo centroamericano. En ese sentido, el Estado salvadoreño carga con una herencia colonial que se hace visible en diversos fenómenos de la sociedad, uno de estos es el de la violencia, que se percibe en distintos ámbitos de la vida cotidiana. A nivel general, la violencia se evidenciaba en el sistema represivo formal de finales del siglo XIX. Los parámetros a los que se ajustaba este sistema institucionalizado en muchas ocasiones violentaban los derechos de los ciudadanos. Desde los cuerpos represivos gubernamentales se ejecutaban prácticas sistemáticas que normalizaban el «abuso» y el uso de la violencia y, en muchos de los casos era incluso aceptado como parte de la cotidianidad (Alvarenga, 2006, p. 113). Desde esta perspectiva, «los abusos de los representantes del Estado eran la norma en un mundo que requería de la sistemática aplicación de tales abusos para mantener el sistema de dominación» (Alvarenga, 2006, p. 301). Todos los elementos anteriores institucionalizaron y generaron una cultura y ética de la violencia, cuyos matices fueron impregnándose en diversas esferas sociales; de tal forma que la sociedad salvadoreña ha vivido con este fenómeno cultural desde sus inicios como república independiente, hace ya 200 años.

La violencia no fue un fenómeno exclusivo del ámbito público o ejercido solamente por los cuerpos represivos. A finales del siglo XIX, la violencia también se ejecutaba en los espacios privados, es decir, en el hogar. Los tipos de violencia que se ejercían en el hogar eran diversos; y aunque la podían sufrir tanto mujeres como hombres, las fuentes históricas revelan que, mayoritariamente, las víctimas de violencia eran las mujeres. En el último cuarto del siglo XIX, pueden identificarse diversos casos de violencia ejercida en contra de mujeres en El Salvador, algunos de estos fueron casos de delitos sexuales, pocos de los cuales fueron judicializados. Este tipo de violencia se enmarcaba en la violencia social generalizada que se vivía en esa época, pero que recaía específicamente en las mujeres y niñas, cuyos delitos de agresión sexual, en la mayoría de los casos, no eran denunciados ante las autoridades correspondientes. No obstante, algunos de los que fueron denunciados contribuyeron a que ciertos documentos sobre los mismos se mantengan resguardados hasta nuestros días. Por lo tanto, se cuenta con documentos históricos que permiten tener un acercamiento a casos particulares sobre violaciones y agresiones sexuales, documentación que se encuentra resguardada en el Archivo General de la Nación de El Salvador.

El Código Penal, decretado en 1881, establecía que una violación se cometía en cualquiera de estos casos: primero, cuando se usaba: «fuerza o intimidación, 2. Cuando la mujer se hallare privada de razón ó de sentido por cualquier causa. 3. Cuando fuere menor de doce años cumplidos, aunque no concurriere ninguna de las circunstancias expresadas en los dos números anteriores» (Código Penal de 1881). Es de señalar que, según como estaba escrita la legislación de la época, se consideraba que la violación era un delito contemplado y que exclusivamente padecían las mujeres.3 Cabe aclarar que, ello no significa que los hombres no pudieran haber sufrido este tipo de vejaciones.

Para la década de 1880, hay registro de diversos delitos sexuales cometidos en contra de varias mujeres. Uno de los casos de violación sucedió en agosto de 1889, en el que una joven, del departamento de San Vicente, llamada Soledad López declaró que la había ultrajado un hombre llamado Ciriaco Alfaro. En el juicio criminal, que se conserva en un fondo documental del Archivo General de la Nación, se hace constar que la víctima expresó que él la había ofendido «yaciendo carnalmente con ella por la fuerza, para lo cual la luchó y le ejecutó varios golpes» (Criminal instruida contra Ciriaco Alfaro, AGN). Como se evidencia en el caso anterior, la violencia sexual iba acompañada también de violencia física, esta última como método de coerción hacia la víctima. Otro caso de violación ocurrió en diciembre de 1891, cuando la señora Carmen Valladares se quejó, en el Juzgado de San Juan Talpa, del señor Carlos Ticas. Este último, según el testimonio de Valladares, había violado a su hija, Arcadia Valladares, una niña de ocho años de edad. En su declaración, la madre de la niña expuso lo siguiente: «que la ofendió Carlos Ticas, cometiendo el delito de violación en su hija menor Arcadia Valladares: cuyo delito lo cometió en las playas de la Barra “Toluca”, jurisdicción del Puerto “La Libertad”… como á las ocho de la noche: que el delito lo cometió con el pene» (Criminal contra Carlos Ticas, AGN). Aunque la documentación no brinda mayores detalles sobre este caso, resulta interesante notar que la señora Valladares tuvo la entereza para acercarse a las instancias judiciales e interponer la denuncia. Lamentablemente, para esa época «la violencia hacia las mujeres, en muchos casos no era denunciada», y esto pudo deberse a múltiples razones. Las mujeres no sufrían solamente violencia sexual, ya que «además de la violencia empleada por sus agresores, la mujer tenía que someterse a la violenta burocracia judicial, que las arrastraba por largos periodos de investigación y sometimiento público a exámenes físicos e interrogatorios, casi acusatorios, por haber sido objeto ilícito de un hombre y haber perdido valor ante la sociedad» (Revista Identidades, 2011, p. 108).

A principios del siglo XX, la violencia sexual contra las mujeres siguió estando presente en la sociedad salvadoreña. En abril de 1904, en Santa Ana, se dio una tentativa de violación en contra de Feliciana Clemente:

Eran cerca de las tres de la tarde, Feliciana caminaba por la calle que atravesaba el cantón Chupaderos, cargaba una canasta con objetos y Rauda la seguía de cerca. Después de un rato, la agarró del cuello, apretó su garganta, ella soltó la canasta y él la tumbó al suelo. Trató con fuerza de levantarle la ropa y ella luchaba para impedírselo. [Rauda] amenazaba con una piedra a la ofendida en los momentos que luchaba con el objeto de tener acceso carnal con ella, [en ese momento] apareció Cesareo Ríos, quien desde lejos había presenciado la escena y se apresuró a defenderla. Rauda tiró la piedra y huyó (Aguirre, ٢٠١٩, p. ١٠٧).

Por el caso anterior, Esteban Rauda, el victimario, fue condenado a dos años de prisión por el delito de intento de violación, y a ocho días por las lesiones causadas a Feliciana. El anterior es solamente una muestra de la diversidad de casos que debieron registrarse en los archivos judiciales de la época. La ética y cultura de la violencia, manifestada sistemáticamente en la historia salvadoreña, puede visibilizarse también en el ámbito público. En diciembre de 1922, en el contexto de la campaña presidencial de Miguel Tomás Molina como parte de la oposición, «hubo una impresionante manifestación de mujeres que demostró el amplio apoyo con que contaba Molina». Dicha manifestación no fue del agrado del oficialismo; por lo tanto «el gobierno lanzó a la policía y a las Ligas Rojas, el grupo paramilitar controlado por Quiñónez, equipados con armas de fuego y machetes, a atacar la manifestación». Este episodio fue «una carnicería brutal que dejó traumatizado al país» (Lindo, 2019, p. 269). Para esa época, las mujeres habían empezado a organizarse en diversos espacios y grupos para solicitar ciertas prerrogativas. El gobernante de la época, Jorge Meléndez, les tenía temor a estas mujeres organizadas por lo que en 1922 «las Ligas Rojas atacaron a manifestaciones de mujeres en dos ocasiones» (Lindo, 2019, p. 286). Lo anterior deja en evidencia que, la violencia que se ejercía en contra de las mujeres tuvo dos escenarios: por un lado, la ejercida dentro del ámbito público, siendo los agresores los cuerpos represivos y hombres desconocidos; y, en segundo lugar, en el ámbito privado, siendo mayormente los agresores los hombres.

La violencia contra las mujeres manifestada en el ámbito privado llegó a niveles mayores. En varios de los casos que se registraron en los documentos de esos años, la violencia escaló al nivel más alto: el homicidio. Las fuentes indican que los principales agresores en estas situaciones fueron hombres. Hubo casos que terminaron en violencia homicida producto de amores frustrados, uno de ellos se registró en las afueras de Guazapa, San Salvador, el 30 de julio de 1917:

Un jornalero volvía a la hacienda donde trabajaba no sin antes pararse en el estanco del pueblo donde tomó hasta embriagarse. Cuando llegó a la hacienda, se dirigió a la casa donde vivía la joven que pretendía, pero el padre de la mujer se interpuso con revólver en mano y en el forcejeo el ebrio pudo darle machetazos, quitarle el arma al otro y matarlo a tiros. Después fue en busca de la mujer que pretendía y la mató también e hirió a su hermana. Según uno de los testigos, el motivo que Teófilo Rodríguez haya tenido para asesinar a Pedro Figueroa y a su hija… fue porque Rodríguez pretendió o quería tener relaciones amorosas con Elisa y el señor Figueroa le había evitado a Rodríguez llegar a su casa donde tenía a sus hijas (Walter, 2018, p. 108-109).

El contexto de algunos de estos casos obedecía a problemas entre parejas, que fueron considerados en su momento como «líos pasionales». El 27 de junio de 1932, «un hombre llegó a la casa de su pareja en las afueras de Aculhuaca (Ciudad Delgado, San Salvador) y le preguntó adónde había dormido esa noche; cuando ella contestó que, en su casa, el hombre le respondió “con tus damos has dormido, gran p…”, “y la mató en el acto con una cuma» (Walter, 2018, p. 108). Como se ha podido constatar, estos conflictos de origen sentimental terminaron, en ambos casos, en el homicidio de la víctima, una mujer, siendo un hombre el agresor. Lo anterior muestra que la violencia se ejercía en diversas formas, entre ellas la sexual y física, esta última llegando incluso al homicidio.

La ejecución de delitos sexuales en contra de las mujeres en El Salvador es visible a lo largo del siglo XX. Sin importar el contexto político que el país vivía, este flagelo siguió afectando a las mujeres. Lo anterior se evidencia en la década de los 80, periodo en que El Salvador vivió un conflicto armado interno, siendo uno de los episodios más convulsos de la historia reciente. En este contexto de guerra, las expresiones de violencia contra la mujer, y la violencia sexual en particular, siguieron ejerciéndose. Las mujeres experimentaron diversas atrocidades en el contexto del conflicto, algunas son historias de «mujeres violadas y mutiladas». La comunidad de El Rancho, en Las Vueltas, Chalatenango fue uno de los tantos sitios golpeados fuertemente por las acciones bélicas. Diversos casos de violaciones en perjuicio de mujeres campesinas se llevaron a cabo en dicha localidad, personas que lograron sobrevivir al conflicto todavía recuerdan y dan fe de muchas de estas vejaciones. En una investigación sobre la guerra salvadoreña, publicada hace un par de años, se deja constancia de la violación y asesinato de algunas mujeres. Una de las personas entrevistadas en dicha investigación habló sobre el asesinato de dos hermanas jóvenes:

Allí, [haciendo referencia a algún sitio de la localidad] las mataron, supuestamente vivas las enterraron. Las violaron y las metieron en un tatú4 y les echaron piedras. Una tía de la Lucía oía los gritos, pero como estaba enferma en la cama, no podía levantarse. Y eran unas muchachas vírgenes. El hermano de ellas era mudito, no hablaba, ¿Qué puede hacer un mudo? Era penoso, además de eso. Entonces, a él también lo mataron (Silber, 2018, p. 81-82).

Este tipo de situaciones seguramente debieron repetirse en diversas localidades. En su mayoría, según las investigaciones consultadas, fueron actos violentos cometidos por asesinos paramilitares, que eran fuerzas o agentes del Estado.

La violencia sexual en el conflicto afectó en mayor medida a las mujeres, indiscriminadamente que estas provinieran de diversos estratos sociales y culturales. Muestra de lo anterior fue el asesinato de las monjas estadounidenses registrado en 1980, en ciernes del conflicto. Las fuentes hacen constar que «dos de las cuatro religiosas de los Estados Unidos detenidas y asesinadas por la Guardia Nacional en 1980 fueron violadas» (Wood, 2009). Asimismo, otra prueba de la violencia sexual hacia las mujeres se registró en 1981. Una de las masacres más crueles que se ejecutó durante el conflicto armado fue la del cantón El Mozote y lugares aledaños, en el departamento de Morazán, en diciembre de 1981. En dicha masacre fueron asesinadas más de mil personas, en su mayoría niñas, niños y mujeres. A «las mujeres más jóvenes las llevaron a los alrededores del caserío, especialmente a los cerros El Chingo y la Cruz, donde miembros del Ejército las violaron sexualmente previo a asesinarlas» (ISDEMU, 2021, p. 22). La violencia sexual y posterior asesinato en contra de estas mujeres fue considerada, por diversos organismos, como un crimen de lesa humanidad y una grave violación a los derechos humanos. Los agresores en ambos casos, tanto en el caso de las monjas como en la masacre de El Mozote, fueron hombres que eran miembros de cuerpos represivos estatales. Durante el periodo del conflicto se pueden encontrar diversos casos de violaciones sexuales cometidos en contra de mujeres; lastimosamente, no todos estos delitos quedaron documentados y, con toda seguridad, nunca se conocerán muchos otros, ya que es muy probable que las víctimas también fueran asesinadas en dicho contexto armado.

Al constatar lo anteriormente planteado, sustentado en fuentes históricas y trabajos académicos sobre el tema, se puede afirmar que el patrón de la cultura de la violación ha sido un rasgo permanente en la sociedad salvadoreña. Las expresiones de violencia sexual contra las mujeres se han observado en diversos momentos: desde inicios de la vida independiente salvadoreña, a lo largo del siglo XX, en el periodo del conflicto armado en la década de 1980 y hasta la actualidad.

4. La cultura de la violación: violencia sexual contra mujeres y niñas en El Salvador

Durante siglos las mujeres, en muchas partes del mundo, han enfrentado violencia de diverso tipo. Este hecho ha llegado a naturalizar ciertas manifestaciones violentas en contra de niñas, adolescentes y las mujeres mismas. La violencia que afecta a este grupo de la población, como se mencionó antes es una violencia basada en género, ya que tiene su fundamento en la desigualdad de relaciones sociales entre hombres y mujeres. Estas relaciones de poder forman parte de un entramado político y social más amplio, es decir, un sistema que se nutre de estas desigualdades para sostenerse y para funcionar como tal. Este sistema funciona a través de relaciones de dominación, dichas relaciones son asimétricas y desiguales, cuya supremacía y predomino es otorgado a los hombres. Ha sido a través de estas relaciones de poder asimétricas que se han definido históricamente los roles de mujeres y hombres en la sociedad. Este sistema ha dominado las relaciones de poder, y la violencia ha sido necesaria como un mecanismo que da sostenibilidad al mismo. Tal como señala Marcela Lagarde: «Sin violencia –en tanto poder de dominio– no sería posible mantener a las mujeres en un piso de desarrollo inferior al de los hombres, ni habría brechas de género entre unas y otros, los hombres no someterían a las mujeres, ni monopolizarían poderes públicos y privados, sexuales, económicos, sociales, políticos, jurídicos y culturales, como lo hacen» (Lagarde, p. 2). Por lo tanto, la violencia ejercida contra las mujeres –por los hombres– cobra un valor simbólico de peso para sustentar este sistema patriarcal. Lagarde también considera que «sin la violencia de género contra las mujeres los hombres no accederían a condiciones relativamente mejores de vida, no tendrían a las mujeres, como soporte de su desarrollo ni como entes jerárquicamente inferiores sobre los cuales descargar su enajenación» (Lagarde, p. 2). Es decir, la violencia contra las mujeres se sustenta en un sistema patriarcal y machista dominado por los hombres.

Todo lo anterior se explica también al echar un vistazo a la historia occidental; ya que, a pesar de las reivindicaciones políticas alcanzadas con el nuevo orden político surgido a partir de la Revolución francesa, a finales del siglo XVIII, la mujer siguió siendo considerada como un ser doméstico e inferior, cuya existencia solamente cobraba sentido en función del hombre. Estas ideas sobre la inferioridad de la mujer y el predominio del hombre fueron ideas hegemónicas que se reprodujeron en los diversos proyectos políticos del siglo XIX en Europa y América. A nivel de la región centroamericana, con el surgimiento de las naciones en el siglo XIX, «se crearon y funcionaron instituciones destinadas específicamente a controlar la moral y domesticidad femenina para cuidar la reproducción de los roles de género establecidos» (Sáenz, 2014). De forma que, estas sociedades, entre ellas la salvadoreña, naturalizaron este sistema patriarcal donde primaban las desigualdades entre hombres y mujeres. Este sistema es el principal pilar que sostiene las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. En ese sentido, los «gobiernos, instituciones y organizaciones civiles, miliares y religiosas de diversos países y sus poderosos hombres, defienden su derecho a oprimir y violentar a las mujeres», asimismo sostienen la «desigualdad natural y la inferioridad de las mujeres en relación con los hombres. Ellos gozan de supremacía sexual, social, económica, jurídica y cultural» (Lagarde, p. 2).

La violencia que se ejerce en contra de las mujeres puede ser de diverso tipo. Algunas de dichas expresiones son: violencia económica, violencia feminicida, violencia física, violencia psicológica y emocional, violencia patrimonial, violencia sexual y violencia simbólica. En muchas ocasiones, las mujeres pueden ser víctimas de varios tipos de violencia, entre los antes mencionados, sin siquiera percibirlo o ser conscientes de ello.

La violencia simbólica, entendida como los «mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad» (Equipo Maíz, 2021, p. 22-23), es muchas veces el punto de partida para otros tipos de violencia. Generalmente, la violencia simbólica no es percibida a simple vista, y es necesario poner atención a los detalles para ser conscientes de que se está siendo víctima de este tipo de violencia. Muchas veces, ese es el inicio de un ciclo que va en escalada y que termina, por lo general, en violencia sexual o, peor aún, en violencia feminicida.

Aunque existen diversos tipos de violencia, como los recién mencionados, este trabajo se centra en la violencia sexual que se ejerce en detrimento de las niñas y mujeres salvadoreñas.5 Como se manifestó al inicio, la violencia sexual según la Organización Mundial de la Salud hace referencia no solamente al acto sexual sin consentimiento, sino que también a la intención de consumarlo, independientemente del vínculo afectivo o personal que el agresor tenga con la víctima. Es decir, la violencia sexual no se entiende solamente como la consumación de un acto sexual, sino que este tipo de violencia puede abarcar cualquier acción que atente contra la integridad de las víctimas. En ese sentido, la violencia sexual puede ser también toda «conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual», entendida esta no solamente como el acto sexual propiamente dicho, sino también como «toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital» (Equipo Maíz, 2021, p. 23), con independencia del tipo de relación que la persona agresora guarde con la niña o mujer víctima.

En un sistema patriarcal en el que existen relaciones desiguales de poder, donde los hombres tienen el dominio y ostentan el poder son las mujeres las principales víctimas de la violencia en sus diversas expresiones. Las relaciones de poder que se van construyendo en este sistema, como se dijo anteriormente, son de carácter asimétrico, y en relación a la violencia sexual «esas asimetrías estarían reflejadas en una relación entre quienes ostentan una posición de mayor ventaja y cometen la violencia en contra de quienes en dicha relación se encuentran en desventaja y están mayormente expuestas a la violencia» (Segovia, 2019, p. 71), de tal forma que las mujeres, las niñas y las adolescentes están en una situación de desventaja y vulnerabilidad en un sistema patriarcal como el salvadoreño.

5. El Salvador y su cultura patriarcal

El Salvador es un país en el que impera una cultura patriarcal fuerte. Esta cultura, de muchas maneras, estimula la menor valorización de la población femenina, factor que tiende a justificar la violencia sexual que sufre este grupo poblacional. La construcción social de género, que se reproduce en este sistema, genera, reproduce y recrea estereotipos y roles diferentes para hombres y mujeres. En este sistema patriarcal se reproduce la violencia basada en género, y una de las premisas que lo sostiene es la que hace alusión a que «los cuerpos de las mujeres son objetos de pertenencia de los hombres y que es el orden social y cultural el que determina el valor o subvalor que se le da a partir de las creencias morales, religiosas, sociales o culturales», un factor que se ha legitimado desde un sistema patriarcal global por siglos. Desde esta perspectiva, las mujeres son «cuerpos sexuados» que tienen valor o subvalor a partir de su condición de mujeres o de los estereotipos que se les asignen. Asimismo, «no son autónomos o cuerpos libres por ser cuerpos que pertenecen y dependen de otros: los hombres y la sociedad» (Equipo Maíz, 2021, p. 12).

El sistema patriarcal salvadoreño también se nutre de prácticas culturales que se consideran inmutables y que promueven o estimulan la violencia de género. Prácticas como «así somos», reconstruyen patrones y estereotipos machistas, racistas y discriminativos que se convierten en una fuerte base ideológica que fundamenta y justifica un entramado de desigualdades sociales. Bajo estas prácticas se justifican acciones como: piropear a las mujeres en la calle, tocarlas sin consentimiento en ciertos espacios como el transporte público u otros, querer decidir o mandar sobre sus cuerpos y sus formas de vestir, entre otros. La salvadoreñidad misma se ha «gestado desde una impronta y fuerte ideología patriarcal muchas veces reforzada por la legitimización de valores e ideas religiosas», en ese sentido «la naturalización de la violencia se ha convertido en un rasgo cultural» fuerte de nuestra sociedad. Este tipo de patrones culturales reproducen formas de dominio patriarcal y machista, y se encuentran tan naturalizados en la sociedad salvadoreña que, en muchas ocasiones, se piensa que son formas intrínsecas de la identidad colectiva misma, sin darse cuenta que la subordinación y discriminación de las mujeres tiene un carácter cultural que se ha construido a lo largo del tiempo y que no responde a un orden natural. En el contexto del sistema patriarcal que impera en El Salvador, la violencia ejercida contra las mujeres y en especial la violencia sexual «es una de las expresiones culturales y de ejercicio de poder más naturalizadas» (Herrera, 2018, p. 192).

En El Salvador, generalmente se normalizan y justifican diversas manifestaciones de violencia sufridas por las mujeres, la violencia sexual, por ejemplo, se justifica a partir de una cultura de la violación. Esta cultura hace referencia a un término que se utiliza en las sociedades en donde la violación es una de las problemáticas sociales más fuertes y arraigadas cultural, histórica y socialmente. Generalmente, la cultura de la violación tiene su basamento en el denominado sistema patriarcal que lo sostiene, es decir, el sistema que regula y legitima las relaciones de género desiguales. En ese sentido, esta cultura se normaliza en sociedades patriarcales en donde se reproducen diversos patrones y actitudes sociales sobre el género, la sexualidad y el sexo. Estas sociedades patriarcales crean un modo de vida donde la violencia simbólica y otros tipos de violencia son vistos como algo cotidiano e intrínseco de la vida social. La expresión de cultura de la violación también hace referencia a «una sentida problemática social que afecta el bienestar integral de las féminas» (Hernández, 2020, p. 91). Asimismo, la violación como parte de la estructura de la violencia, tal como señala la antropóloga Rita Segato, puede considerarse como «un mandato de poder presente en las relaciones de género, que expresa el precepto social de que el hombre debe ser capaz de demostrar su virilidad y que, por lo tanto, el sujeto no viola porque tiene poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe obtenerlo» (Segato, 2003, p. 33). Bajo esta consideración, Segato sostiene que la violación es un acto de poder y de dominación que ejercen los hombres, o agresores, en contra de las mujeres o de las niñas víctimas.

En la sociedad salvadoreña, al ser una sociedad patriarcal y machista, se hace manifiesta una cultura de la violación. Muestra de lo anterior es el amplio número de casos de violación en perjuicio de niñas y mujeres que se hacen públicos, o se mantienen en el anonimato a diario en nuestra sociedad. Basta echar un vistazo a los periódicos de mayor circulación durante una semana consecutiva para observar que en más de alguna ocasión se presentan noticias relacionadas a violencia sexual, o específicamente a violaciones sexuales. Ese hecho visibiliza, no solamente con datos, sino también con casos reales y verídicos la cultura de la violación en que vivimos. Diversos factores sostienen y reproducen esta cultura, uno de los principales es el fuerte arraigo de patrones culturales machistas y misóginos que prevalecen y se extienden de generación en generación. Elementos o productos culturales tales como la televisión, la publicidad y la música contribuyen también a reproducir el discurso machista y patriarcal en el que se justifica el menosprecio a las mujeres o, peor aún, en el que se naturaliza el verlas como simples objetos sexuales o cosificados. (Carballo, 2019).

6. Violencia contra las mujeres y niñas: estadísticas y datos

6.1 Feminicidios

La violencia contra las mujeres y niñas salvadoreñas puede visibilizarse a través de dos perspectivas. En primer lugar, enfocándose en los datos que las diversas instituciones y organismos recaban en torno a esta problemática; y, en segundo punto, personalizando estas estadísticas, es decir, conociendo algunos de los casos para comprender y estudiar este tipo de violencia desde una perspectiva más humana.

El fenómeno de la violencia ha sido una constante en la historia salvadoreña. Una de las muestras más visibles y graves de dicho fenómeno son los homicidios, que han afectado a hombres y mujeres. Sin embargo, los homicidios cometidos en contra de mujeres llevan una fuerte carga de violencia basada en género. De esta forma, muchos de los homicidios son en verdad feminicidios que, en muchos casos, han sido cometidos por personas cercanas o del círculo de confianza de las víctimas. Según registros estadísticos de los últimos veinte años, los homicidios registrados en El Salvador han ido en constante aumento, teniendo algunas disminuciones en ciertos periodos en los que el país ha pasado por situaciones políticas particulares. El siguiente cuadro ofrece las estadísticas de los homicidios registrados, basándose en las estadísticas anuales del IML, desde 1999 a 2016. Se destaca de la cifra total de homicidios los que hacen alusión a feminicidios.

Tabla 1. Registro de homicidios

Año	Totales	Femenino (%)
1999	2544 (100)	195 (7.7)
2000	2696 (100)	207 (7.7)
2001	2374 (100)	211 (8.9)
2002	2346 (100)	227 (9.7)
2003	2388 (100)	232 (9.7)
2004	2933 (100)	260 (8.9)
2005	3812 (100)	390 (10.2)
2006	3921 (100)	437 (11.1)
2007	3497 (100)	347 (9.9)
2008	3179 (100)	348 (10.9)
2009	4382 (100)	592 (13.5)
2010	4004 (100)	568 (14.2)
2011	4366 (100)	629 (14.4)
2012	2848 (100)	368 (13.0)
2013	2513 (100)	218 (8.7)
2014	3912 (100)	294 (7.5)
2015	6656 (100)	573 (8.6)
2016	5280 (100)	524 (9.9)

Nota. Walter, K. (2018). La muerte violenta como realidad cotidiana, p. 81.

Como se observa en la tabla 1, los homicidios perpetrados en contra de mujeres han disminuido en algunos años y en otros se han incrementado, siendo el año 2011 en el que se registró el mayor número de muertes violentas de mujeres salvadoreñas.

La Encuesta Nacional de Violencia Contra la Mujer, publicada el 2017, ofrece datos sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres salvadoreñas de 15 años de edad y más en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, tanto en los últimos doce meses, es decir, los doce meses antes que se publicara dicho documento, y a lo largo de la vida. Este documento muestra un compendio de datos que dan constancia de la violencia sufrida por las mujeres a nivel nacional, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Se constata que la violencia ha sido de diversos tipos: psicológica, sexual, física, económica e intento de feminicidio. El documento también ofrece indicadores y datos sobre la reproducción de mensajes sexistas y misóginos que se vierten en diversos medios de comunicación salvadoreños, haciéndose constar que este tipo de productos culturales (medios de comunicación, prensa, entre otros), producen y reproducen un discurso machista que mantiene vigente la cultura de la violencia hacia las mujeres. Asimismo, se detalla la diversidad de agresores que existen, mismos que varían según el ámbito en el que es ejercida la violencia. Por ejemplo, en el ámbito educativo los agresores pueden ser: compañeros, docentes o catedráticos, director, personal administrativo, entre otros. En el espacio laboral, pueden ser: compañeros, patrones o jefes; mientras que en el ámbito familiar: papá, hermano, padrastro, tío, primo, abuelo. Estos agresores en la gran mayoría de casos son hombres.

El siguiente cuadro demuestra, con datos estadísticos, la prevalencia de la violencia por departamento en el ámbito público, tanto a lo largo de la vida como en los últimos doce meses.

Tabla 2. Prevalencia de la violencia en el ámbito público

Departamento	Prevalencia (%)
	A lo largo de la vida	En los últimos 12 meses
Ahuachapán	56.1 %	21.0 (%)
Santa Ana	56.0 %	24.1 (%)
Sonsonate	50.8 %	21.0 (%)
Chalatenango	29.9 %	10.4 (%)
La Libertad	55.8 %	22.2 (%)
San Salvador	56.8 %	27.2 (%)
Cuscatlán	52.4 %	25.4 (%)
La Paz	36.1 %	12.4 (%)
Cabañas	44.6 %	25.9 (%)
San Vicente	48.5 %	32.3 (%)
Usulután	51.7 %	30.8 (%)
San Miguel	47.6 %	20.6 (%)
Morazán	63.3 %	35.1 (%)
La Unión	35.6 %	11.0 (%)

Nota. Gerencia de Estadísticas y Género. DIGESTYC, Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 2017, p. 17.

La tabla 2 muestra los datos porcentuales de la prevalencia de la violencia por departamento, respecto a dos rubros: a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses. En el rubro a lo largo de la vida, los departamentos que tienen el mayor índice porcentual son: Morazán, Ahuachapán, San Salvador, Santa Ana y La Libertad. Siendo los de menor índice: Chalatenango y La Unión. Al hacer referencia de la prevalencia de violencia en los últimos doce meses, los departamentos de Santa Ana, San Salvador, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y Usulután son los que presentan los porcentajes mayores. Chalatenango, La Paz y La Unión tienen los índices más bajos, resultando evidente que tanto Chalatenango como La Unión tienen índices bajos en la prevalencia de violencia contra las mujeres en ambos rubros. Algunos de los departamentos donde hay mayor índice de violencia son los de mayor densidad poblacional, entre ellos San Salvador.

Los feminicidios o muertes violentas de mujeres por motivo de género son el último peldaño del ciclo de violencia al que se han enfrentado un gran número de mujeres. Los datos nos permiten tener una idea de la dimensión de la problemática, que ha fluctuado en la última década, pero que no ha desaparecido. Como se observa en la siguiente tabla, al inicio de la segunda década del siglo XXI, en los años 2010 y 2011, se percibió el mayor número de feminicidios en El Salvador, teniendo una disminución considerable en los cuatro años siguientes. Sin embargo, en 2016 estos volvieron a incrementarse.

Tabla 3. Registro de feminicidio

Años	Feminicidios
2010	580
2011	630
2012	329
2013	215
2014	292
2015	475
2016	524
2017	468
2018	383
2019	230
2020 hasta abril	43

Nota. ORMUSA. Informe Anual. Observatorio de violencia contra las mujeres. Junio 2019-junio 2020, p. 22.

Los feminicidios, como se ha observado a través de los datos, han sido una triste realidad en nuestro país, misma que se ha incrementado en ciertos años y que, aunque ha disminuido en ocasiones, no ha desaparecido por completo. Solamente algunos de estos casos logran ser judicializados y lograr algún tipo de sentencia condenatoria. Según datos de ORMUSA, «de los resultados de sentencias condenatorias y absolutorias por los delitos de feminicidio y sus modalidades, se reporta solamente un total de 61 sentencias absolutorias y 191 condenas, haciendo un total de 504 procesamientos por feminicidio del año ٢٠١٣ al mes de abril de ٢٠١٩» (ORMUSA, Informe 2019-2020, p.30). Estos datos evidencian que un reducido número de casos obtienen justicia, teniendo en cuenta que de los 504 procesos judiciales que se iniciaron en este lapso, 2013-2019, solamente 252 obtuvieron sentencia. Lo anterior, hace visible la poca judicialización de feminicidios, y la tardanza en los procesos para obtener justicia que enfrentan los familiares que les sobreviven a las víctimas. Sin embargo, también hay casos que han sido resueltos y sobre los cuales se ha podido obtener una sentencia firme.

7. Violencia sexual

La violencia sexual es uno de los tipos de violencia más recurrente de la que son víctimas las niñas y mujeres en El Salvador. La siguiente tabla muestra los datos sobre los casos de víctimas de violencia sexual que fueron atendidos en el Instituto de Medicina Legal, durante los años 2013-2017. Aparecen los delitos de estupro, otras agresiones sexuales, casos sin evidencia y los casos de violación. Estos datos visibilizan que la violación es la agresión sexual que más se ejecuta en detrimento de la niñez y adolescencia salvadoreña. Cabe mencionar que, los casos atendidos en el IML no son una evidencia verídica del total de casos que se cometen en el país. Como se ha mencionado antes, muchos casos no aparecen en las estadísticas oficiales, ya que estos nunca se denuncian por temor o por otros motivos.

Tabla 4. Víctimas de violencia sexual, niñez y adolescencia, atendidas en el Instituto de Medicina Legal (2013-2017)

N.°	Delitos	Años
		2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	Estupro	142	144	103	97	123	609
	Otras agresiones sexuales	746	562	431	574	415	2 728
	Sin evidencia	622	526	428	481	521	2 578
	Violación	1,245	936	747	850	937	4 715
	TOTAL	2 755	2 168	1 709	2 002	1 996	10 630

Nota. Segovia, 2019, p. 75.

El Informe Anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres correspondiente a junio 2019-junio 2020, elaborado desde ORMUSA, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, brinda un compendio de datos sobre muertes violentas de mujeres, ejecutadas por motivo de género. Dicho informe muestra la evolución de los feminicidios en las últimas dos décadas y contempla los feminicidios ocurridos desde enero hasta abril de 2020. El informe también brinda datos estadísticos sobre la violencia sexual ejercida en contra de las mujeres en el periodo reciente en que se realizó el estudio. Según los datos del Instituto de Medicina Legal, en el año 2019 se detectaron 2 894 reconocimientos por violencia sexual; 2 526 fueron víctimas del sexo femenino y 358 del masculino, en tres casos no se identificó el sexo. Estos datos resultan alarmantes al corroborar que el «75 % de abusos se cometió en niñas y adolescentes menores de 17 años, incluyendo 848 casos de niñas menores de 11 años». (ORMUSA, Informe 2019-2020, p. 38).

Tabla 5. Violencia sexual por departamento, año 2019

Departamento	Cantidad
Ahuachapán	166
Cabañas	87
Chalatenango	91
Cuscatlán	147
La Libertad	350
La Paz	148
La Unión	177
Morazán	88
San Miguel	245
San Salvador	696
San Vicente	131
Santa Ana	276
Sonsonate	182
Usulután	110
Total	2 894

Nota. ORMUSA. Informe Anual. Observatorio de violencia contra las mujeres. Junio 2019-junio 2020, p. 38.

La violencia sexual contra las mujeres se puede visibilizar en diversos momentos de sus propias vidas, ya que es una problemática que las afecta en todo su ciclo vital, siendo un considerable mecanismo de control y coerción que propicia y genera relaciones sociales desiguales. En líneas anteriores ya se mencionó que, solamente el año 2019 se contabilizaron 2 894 casos de violencia sexual, según datos del Instituto de Medicina Legal.

Tabla 6. Violencia sexual, año 2019

Rango de edad	Cantidad
0 a 11	848
12 a 18	1 314
18 a 30	445
31 a 40	136
41 a 50	66
51 a 60	26
61 a más	19
No determinado	40
Total	2 894

Nota. ORMUSA. Informe Anual. Observatorio de violencia contra las mujeres. Junio 2019-junio 2020, p. 39.

Como puede observarse en el cuadro anterior, las adolescentes fueron el grupo etario en el que más casos de violencia sexual se registraron en el IML. Cabe reiterar que estas estadísticas no son muestra real de toda la problemática, ya que muchos de los casos que se ejecutan en la vida no son denunciados ante ninguna instancia gubernamental, por lo tanto, hay muchos que no aparecen en las estadísticas generales y oficiales.

A finales de 2019 e inicios de 2020, a nivel global, se registró el aparecimiento de un virus, COVID-19, que propició la declaración de pandemia a nivel mundial. Esta crisis sanitaria trastocó las sociedades de casi todos los países del mundo, El Salvador no fue la excepción. A raíz de dicha pandemia se decretó un confinamiento obligatorio que tuvo grandes implicaciones a nivel social. El ISDEMU presentó un informe, en noviembre de 2020, en el que dio cuenta del estado y la situación de la violencia en contra de las mujeres en El Salvador, correspondiente al periodo de julio de 2019 hasta junio de 2020, y que presenta cifras de la violencia ejercida contra las mujeres en el periodo de la pandemia acaecida desde principios del año 2020, básicamente en la cuarentena domiciliar. El informe señala que el contexto de la crisis por COVID-19 provocó impactos específicos sobre las mujeres y profundizó las desigualdades de género ya existentes.

Tabla 7. Delitos violencia sexual:período del 01 de marzo al 30 de junio de 2020

Violencia sexual	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Estupro	131	24	32	31	218
Acoso sexual	51	29	27	42	149
Agresión sexual en menor incapaz	32	5	27	21	85
Otras agresiones sexuales	25	16	14	19	74
Agresión sexual en menor o incapaz agravada	29	6	7	11	53
Exhibiciones obscenas	-	2	-	1	3
Estupro por prevalimiento	2	-	2	1	5
Inducción, promoción o favorecimiento de actos sexuales o eróticos	2	-	1	-	3
Pornografía	1	-	1	1	3
Violación en menor o incapaz	85	20	51	41	197
Violación	40	21	36	31	128
Violación agravada en menor o incapaz	24	5	11	14	54
Violación agravada	9	7	11	5	32
Violación y agresión sexual	2	-	2	2	6
Total	433	135	222	220	1,010

Nota. ISDEMU, Informe sobre el estado y la situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador, 2020, p. 20.

La tabla7 muestra los delitos contra la libertad sexual como una de las formas más frecuentes de violencia que sufrieron las mujeres en El Salvador, durante el primer semestre de 2020. Los delitos de estupro, violación en menor o incapaz y violación son los delitos que contabilizaron mayor número de víctimas.

La violencia sexual como una de las formas de la violencia ejercida en contra de niñas y mujeres en El Salvador tiene diversas consecuencias, tanto para las víctimas como para las personas de su entorno. Una de las principales consecuencias son los embarazos no deseados. Las estadísticas dan cuenta de un amplio número de niñas embarazadas inscritas en los centros de salud públicos. Solamente de enero a marzo de 2020, se contabilizaron 144 niñas embarazadas de 10-14 años y 3 835 adolescentes embarazadas de 15 a 19 años (ORMUSA, Informe 2019-2020, p. 40). Estas cifras son preocupantes ya que visibilizan, de forma implícita, que muchos de los embarazos en niñas y adolescentes pueden ser productos de violación y agresiones sexuales. Los informes más recientes que brindan estadísticas sobre la violencia sexual ejercida en contra de niñas y mujeres en El Salvador siguen arrojando cifras alarmantes sobre esta problemática social. De enero a junio de 2021, se registraron 2 097 casos de mujeres menores de 18 años víctimas de violencia sexual, según datos de la Fiscalía General de la República. Estos casos fueron denunciados en diversas instituciones estatales del sector Justicia; instituciones públicas como CONNA, ISDEMU, entre otras; sector Salud, tales como hospitales, Seguro Social y otros (Ministerio de Justicia y Seguridad, 2021, p. 14).

8. Casos de violación contra niñas en El Salvador

Las niñas y mujeres son el principal grupo social que sufre la violencia sexual en El Salvador. Esta es una realidad que se ha hecho visible a lo largo del siglo XX y sigue siendo una problemática social compleja. Al revisar la prensa escrita de finales del siglo pasado, este tema aparece visible en las páginas de los periódicos de mayor circulación nacional. Casos de violaciones de niñas y mujeres, o delitos sexuales cometidos en perjuicio de estas, aparecen detallados en las noticias que se difundían en esos años. Todos los casos que se encuentran detallados en esas páginas son importantes, teniendo en cuenta el daño a las víctimas y sus efectos físicos, psicológicos y otros. Sin embargo, es bien sabido que muchos de los mismos, aunque fueron denunciados, siguen en la impunidad y sus secuelas todavía están latentes en quienes los padecieron. A continuación, se presenta el recuento de algunos casos de violación cometidos contra niñas salvadoreñas. Se expone el caso de la violación y asesinato de Katya Miranda, no porque sea el más importante, sino porque se trata de un caso que logró notoriedad en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, y que puso en la palestra pública una problemática real y latente en la sociedad salvadoreña de finales del siglo XX. Asimismo, se presentan otros casos de violación que se han dado en años recientes en nuestro país; esto permitirá visibilizar el fenómeno de la violencia desde una perspectiva más humana.

8.1 El caso de Katya Miranda

Uno de los casos más emblemáticos, por su impacto mediático, fue el de la violación y asesinato de la niña Katya Miranda. Era abril de 1999, Katya tenía 9 años de edad. Ese fin de semana su familia paterna y ella viajaron hasta la playa Los Blancos, en el departamento de La Paz. La madrugada del 4 de abril, Katya fue violada y asesinada dentro de un predio de dicha playa. La niña fue sacada del recinto donde dormía. Según los reportes policiales de la noche del asesinato, «se avisó de una persona ahogada en la playa, pero se trataba de la niña». En las primeras pesquisas reveladas por los médicos forenses, «se confirmó que la niña tenía signos de violencia sexual», y que posteriormente había sido estrangulada. Además, «su rostro fue encontrado enterrado en la arena». Ocho meses después de lo ocurrido, en diciembre de 1999, las autoridades encargadas del caso realizaron la reconstrucción del mismo. Desde el inicio, las investigaciones del caso estuvieron rodeadas de irregularidades, aun en el momento de la inspección del crimen. Entre algunas de estas arbitrariedades resaltó que «las ropas que usaba la noche del crimen se retiraron de la escena, lavadas y entregadas a las autoridades, semanas después» (La Prensa Gráfica, Caso Katya Miranda, 2021). Este detalle, aunado a otros elementos irregulares en torno a la investigación, hizo que la madre de la menor, Hilda Jiménez, manifestara en reiteradas ocasiones que la Fiscalía cargaba con la responsabilidad de la impunidad del crimen por cómo se habían dado las indagaciones y diligencias desde el inicio del proceso judicial. El caso de la violación y asesinato de Katya conmocionó a la población salvadoreña y extranjera. En el país se realizaron diversas marchas y protestas que exigieron justicia para la niña y su familia. Este caso cobró mayor relevancia al saberse que la niña, el día de su asesinato, se encontraba junto a su padre, miembro del Estado Mayor Presidencial del entonces presidente Armando Calderón Sol, y su familia paterna, que estaba conformada por miembros de la Policía Nacional y del Ejército. Carlos Miranda, abuelo de la niña fue detenido en enero del año 2000, junto a su hijo Edwin Miranda, padre de la menor, para enfrentar los cargos de violación y homicidio; sin embargo, la jueza a cargo del caso los absolvió por falta de pruebas. Posteriormente, la lista de sospechosos de haber cometido el crimen fue ampliada y estuvo encabezada por el abuelo paterno de la niña. Junto a él, en noviembre de 2009, diez años después del asesinato de Katya, varios hombres fueron detenidos y acusados de los cargos de homicidio, secuestro y violación. El abuelo de la menor fue el principal sospechoso como actor intelectual del crimen. En 2011, Carlos Miranda fue sentenciado a 13 años de prisión. No obstante, tres años más tarde, el 2014, fue absuelto ya que «la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideró que no podía ser juzgado dos veces por el mismo hecho» (Redacción, Diario El Mundo, 2020). Finalmente, Miranda falleció en el 2018, a causa de una enfermedad que padecía. El caso de la violación y asesinato de Katya Miranda es uno de los casos más representativos de la violencia sexual que sufren y a los que están expuestas las niñas y las mujeres en El Salvador. Este caso evidenció la debilidad del sistema judicial salvadoreño, ya que finalmente los culpables no purgaron las penas. Asimismo, quedó al descubierto la cultura de la impunidad que el país vive y que heredó de la posguerra, pero sobre todo visibilizó la vulnerabilidad de las víctimas de violencia sexual y violencia feminicida. A partir del triste caso de la niña Katya Miranda, se decretó el 4 de abril como el Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual ejercida contra las Niñas y los Niños de El Salvador.

9. Otros casos de violación contra niñas salvadoreñas

Según las estadísticas recientes, el número de casos de violencia sexual cometidos en perjuicio de niñas sigue siendo superior al cometido en contra de los niños. A continuación, se presentan cuatro casos de violación perpetrados contra niñas, los cuales fueron cometidos en la segunda década del presente siglo. Todos estos casos tienen en común ciertos elementos, pero también tienen aspectos particulares. El objetivo no es brindar un estudio exhaustivo sobre los mismos, pero sí visibilizar que la cultura de la violación está arraigada en la sociedad salvadoreña.

En el municipio de Tejutepeque, en el departamento de Cabañas, el agente policial Kramer Arnulfo Beltrán Ábrego, engañó con artimañas a una menor de 13 años, haciéndole creer que eran novios. Este hecho tuvo lugar en los meses de octubre y diciembre de 2017, en las afueras del referido municipio. A partir de esta supuesta relación, Beltrán se aprovechó de la niña y abusó sexualmente de ella, producto de lo anterior «la menor salió embarazada y tuvo a una niña». La noticia no brinda detalles sobre la denuncia interpuesta, ni el momento o quién la interpuso. Sin embargo, en enero de 2021, Kramer Arnulfo fue «condenado a 20 años de prisión por haber violado a la menor» (Henríquez, LPG, 2021). Este caso presenta ciertos elementos para analizar: en primer lugar, quien ejerce la violación es una persona que forma parte de una institución estatal que, según su misión, es la encargada de «servir y proteger ante todo» a la población salvadoreña. Al ser el agresor un miembro de esta corporación deja en evidencia que el pertenecer a una institución que se encarga de salvaguardar la integridad de la población, no es garantía de que estos hombres no reproduzcan el comportamiento patriarcal y machista que caracteriza a los agresores. Con casos como estos, salta a la vista la necesidad de depurar este tipo de organismos, que en ciertos casos están integrados por hombres con fuertes patrones culturales machistas y que reproducen acciones misóginas y violentas.

El siguiente año, en enero de 2018, Juan Ramón Andrade abusó sexualmente de una niña de 11 años. Los hechos ocurrieron en una zona conocida como El Triángulo, en el municipio de San Miguel. De acuerdo con el testimonio de la víctima y las investigaciones, «ese día su madre la había enviado a realizar unas compras a una farmacia, cuando fue interceptada por el hombre de 49 años, quien bajo amenazas de muerte la llevó hacia una vivienda abandonada para cometer el delito». Tras haber ejecutado la agresión, «el hombre procedió a amarrarla de pies, manos y boca, dejándola en la casa abandonada de donde salió huyendo». Las investigaciones policiales permitieron recabar «pruebas documentales, periciales y testimoniales» (Mejía, LPG, 2021), gracias a lo cual se logró la condena del imputado, por el Juzgado Primero de Sentencia del municipio de San Miguel. Este caso brinda elementos que permiten comprender que la violación se ejecutó bajo una situación de amenaza y violencia física. Esta violencia física fue la antesala a la violencia sexual, y también se utilizó como medida de protección para el agresor, ya que este dejó a la víctima atada de pies. Mediante mecanismos de fuerza, el hombre pudo concretar la violación. Es de advertir que este caso muestra la vulnerabilidad y el riesgo que corren las niñas en los espacios públicos, en los cuales pueden coincidir con potenciales agresores que, al notar una oportunidad o un espacio propicio, no dudan en ejecutar las agresiones. Asimismo, es notable que el agresor no era una persona de su entorno cercano y, por lo tanto, la víctima no lo conocía. En ese sentido, la violencia física ejercida cobra mayor relevancia porque visibiliza una relación de poder asimétrica entre el agresor y la víctima. Resalta también un elemento común en los casos de violación perpetrados en contra de las niñas, ya que según datos en cuanto a la edad «en el caso de las niñas y las adolescentes, quienes las agreden por lo general son hombres mayores que ellas. Entonces esta diferencia de edad es un factor que aumenta la vulnerabilidad». (Segovia, 2019, p. 71).

El mismo año, 2018, en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, se dio otro caso de violación en perjuicio de una niña de ocho años. Juan José Martínez Mendoza violó a la menor el 21 de junio y en otras fechas de 2018. Aprovechando su cercanía con la menor, ya que ella era hermana de la compañera de vida de Martínez, el hombre cometió el delito en reiteradas ocasiones. La nota consultada no brinda mayores detalles sobre el caso. No obstante, sí hubo una denuncia sobre la situación y, finalmente, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán impuso una condena de 20 años de prisión en contra del imputado. Se encontraron las pruebas suficientes que incriminaron a Mendoza «por el delito de violación en menor incapaz agravada en su modalidad continuada» (Sibrián y Marroquín, LPG, 2020). Este caso muestra un elemento que es muy recurrente en los casos de violación, la cercanía del agresor con la víctima. Los datos sobre la violencia sexual que sufren las niñas y mujeres evidencian que en la mayoría de los casos existe alguna relación de parentesco o cercanía con el agresor. En muchos de los casos, «los victimarios son hombres conocidos y cercanos a las víctimas, por ejemplo: un familiar o un amigo» (Segovia, 2019, p. 71), de tal forma que, las víctimas tienen o sienten confianza en quien posteriormente puede pasar a ser su agresor. Estos vínculos de confianza generan relaciones de poder sobre las víctimas. En ese sentido, por ejemplo, en el caso recién expuesto, esta relación de poder sobre su «cuñada» fue utilizada para consumar el acto de violación en reiteradas ocasiones.

Los casos de violación en donde el agresor es un familiar o conocido son recurrentes en El Salvador. El 14 de julio de 2020, en la oficina de la Fiscalía en Chalatenango fue interpuesta una denuncia por el delito de violación. Una joven denunció que su padre la violó desde los 13 a los 17 años. Rafael N. de 40 años «aprovechaba cuando la madre de la víctima andaba trabajando o salía a hacer algún mandado. La menor le pedía que no lo hiciera ya que la incomodaba, pero él le decía que se quedara calladita. La amenazaba diciéndole que si le contaba a alguien él se iría de la casa, se iba a suicidar o mataría a otra persona». Este tipo de violación fue recurrente durante casi cuatro años. Cuando la joven tenía 17 años, en un momento en que la madre no se encontraba, se dio otro acto de violación, la víctima comentó en las investigaciones que «siempre lo hacía bajo amenazas, que no contara a nadie lo que le hacía, y le recalcaba que era de él y que ningún otro hombre tenía que tocarla como mujer». Finalmente, la joven decidió contarle a su progenitora. Sin embargo, este hecho solamente suscitó una discusión entre sus padres, lo que provocó que su papá se disculpara con ella por todas las agresiones. La fuente consultada sostiene que a lo anterior también se sumó la «madre de la víctima diciéndole que perdonara a su papá ya que si lo denunciaba nadie le iba a pagar los estudios de universidad» (Hernández, LPG, 2021).

Este punto refleja una conducta de permisividad preocupante en la madre, ya que, en lugar de apoyar a su hija a interponer la denuncia, es ella la que busca encubrir los vejámenes de su compañero de vida, sin importarle la violencia sexual que está padeciendo su hija. Esta permisividad está estrechamente ligada a amenazas que visibilizan una relación de poder de parte del agresor hacia la víctima. Esta relación de poder posiciona a la agredida en una situación desventajosa. Finalmente, la joven decidió, por cuenta propia y/o probablemente con el apoyo de otras personas, interponer la denuncia en contra de su padre. Posterior a que, la Fiscalía realizara las diligencias de la investigación, se giró la orden de captura que se hizo efectiva el 26 de agosto de 2020. Durante el proceso de investigación se recibieron entrevistas de la víctima y de testigos, además se practicaron peritajes científicos, como elementos o recursos probatorios. En la vista pública del caso, desarrollada el 30 de junio de 2021 en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, «la Fiscalía logró que se condenara a Rafael N. a 24 años de prisión» (Hernández, LPG, 2021). La justicia pudo aplicarse oportunamente en este caso. Afortunadamente, la víctima logró romper la barrera del miedo y empoderarse para denunciarlo, a pesar de las múltiples circunstancias en su contra.

Casos similares a estos se siguen reproduciendo en la sociedad salvadoreña y, lamentablemente, en la mayoría de las situaciones no se denuncia por diversas razones. Una de las principales razones es el miedo que existe en las víctimas de estas agresiones, ya que las imposibilita a denunciar en las instancias correspondientes. Asimismo, la estigmatización que reciben al hacer públicas estas vejaciones muchas veces las revictimiza, como se vio en este último caso; ya que a veces no se les cree a las niñas o adolescentes que son víctimas de delitos sexuales.

10. Casos de violación contra mujeres

La violencia sexual se ha ejercido, y se ejerce, en la población femenina, sin importar el sector etario al que pertenecen las víctimas. En sus diversos estadios de vida: la niñez, adolescencia, juventud, edad adulta y vejez, las mujeres son siempre el sector más afectado por la violencia sexual. En tal sentido, se retoman a continuación cuatro casos sobre violaciones cometidas en perjuicio de mujeres adultas, ejecutados en años recientes.

En diciembre de 2016, los agentes policiales Erick Josué Cáceres Argueta, Salvador Roberto Alvarenga León, Neftalí Colindres Cáceres y Salvador Ernesto Guevara Palacios violaron a una mujer a la que el primero había invitado a una fiesta navideña. El informe de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la oficina fiscal de San Salvador, detalló que Cáceres invitó a la víctima a una fiesta navideña que se realizaría en la Subdelegación Policial de San Marcos, al sur de San Salvador. El informe describe la situación de la siguiente manera:

Luego de bailar, la víctima pidió ir al baño, cuando caminaban hacia los sanitarios, Cáceres Argueta, le entregó un vaso con una bebida amarillenta; minutos después la víctima fue llevada al baño de hombres, pero ella se sentía mareada, manifestó en su declaración. Agrega que al no poder caminar prefirió sentarse, en ese momento llegó Erick, y la tomó del brazo y la violó, posteriormente ingresaron a los sanitarios tres agentes uniformados y también la violaron (Castaneda, FGR, 2018).

En el informe se detalló que en su testimonio la víctima comentó que intentó forcejear con los hombres, pero que ellos se burlaban y reían de la situación. En un momento «ella logró gritar y pedir que llamaran a su mamá, quien se encontraba también en la fiesta navideña; de inmediato la madre llegó al lugar y auxilió a su hija, quien le gritaba “me violaron mamá, me violaron”». La nota consultada no brinda detalles del momento en que su mamá logró ingresar en el lugar donde se había ejecutado la violación; sin embargo, señala que «ambas mujeres se marcharon de la subdelegación de San Marcos», y mientras buscaban transporte, un vehículo les ofreció ayuda y ambas fueron trasladadas a oficinas de la Fiscalía y a Medicina Legal para que interpusieran la denuncia en el momento. Finalmente, después de las investigaciones y luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador «estableció la culpabilidad de los cuatro agentes policiales», quienes fueron sentenciados a cumplir una pena de «13 años de cárcel por el delito de violación agravada» (Castaneda, FGR, 2018). Este caso ofrece pautas para comprender que la situación de vulnerabilidad de las mujeres es superior a la situación en que viven los hombres. En este caso se tienen ciertos elementos que lo hacen particular: en primer lugar, según la nota consultada, se infiere que la víctima conocía a uno de sus agresores (Erik Cáceres), quien fue el que la invitó a asistir a la fiesta navideña. Segundo, el agresor utilizó un mecanismo: echar una sustancia desconocida en su bebida para violentar sexualmente a la víctima.6 Tercero, el número de agresores denota la asimetría en la relación de poder en la agresión sexual; y que, aunado al poco nivel de consciencia que pudo tener la víctima durante la agresión, la colocó en un estado de vulnerabilidad superior.

En la noche del 13 de abril de 2018, se llevó a cabo una fiesta en una residencial del municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. Una de las asistentes a dicha fiesta fue víctima de una violación perpetrada por David Alejandro Menéndez. Lo que inició en festejo terminó en una violación durante la madrugada del día siguiente. La víctima describió «que la noche del viernes 13, ella y su amigo estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas en una fiesta en una residencia ubicada en el municipio de Zaragoza. Ella admitió que fue obligada por el agresor a fumar marihuana y eso le provocó mareos». En horas de la madrugada, ella y David abandonaron el lugar donde se había realizado la fiesta, y la víctima le pidió que la llevara a su casa. Sin embargo, cuando se dio cuenta se percató de que él se dirigía hacia otro lugar, a la casa de un amigo del imputado. El testimonio señala que «al llegar a esa vivienda le acomodaron un cuarto para que ella durmiera. A los 15 minutos de que ella se había acostado relató que David llegó a acostarse con ella y posteriormente abusó sexualmente de ella» (La Prensa Gráfica, 2021). La víctima no dudó en poner la denuncia de dicha violación. Después de tres años de lo sucedido, y de las investigaciones realizadas sobre el caso, en mayo de 2021, Menéndez fue sentenciado a prisión. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador lo condenó a seis años de prisión por el delito de violación. Este caso muestra, al igual que otros mencionados en los párrafos anteriores, que los victimarios son en la mayoría de los casos, personas del entorno cercano de las mujeres abusadas sexualmente. La confianza que las víctimas tienen en estos hombres las coloca en una situación de vulnerabilidad y, a la vez, en una situación de desventaja, ya que generalmente los agresores se aprovechan de esta confianza para ejecutar los delitos sexuales. Asimismo, el consumo de bebidas alcohólicas añade otro elemento que coloca a las mujeres en una situación de inseguridad y peligro superior.

Como se mencionó anteriormente, la cultura patriarcal considera a las mujeres como objetos sexuales para la satisfacción de los hombres, y algunos de estos casos de violación hacen visible que los hombres consideran que pueden «usar el cuerpo de las mujeres» para su propio placer sexual. La violencia contra las mujeres sigue estando en el centro de las relaciones sociales en El Salvador. Desde la violencia simbólica que se ejerce en los medios de comunicación –como la televisión, la radio, la prensa, entre otros–, hasta las manifestaciones de agresiones sexuales que se ejecutan a diario en todo el territorio, en la calle, el transporte colectivo, entre otros. La violencia sexual es hasta cierto punto y debido al sistema patriarcal salvadoreño, un componente habitual de la vida cotidiana, que en muchas ocasiones se ha naturalizado. De tal razón que, los casos sobre violaciones siguen siendo una de las problemáticas sociales presentes en la actualidad.

En enero de 2020, se capturó a un presunto «violador en serie» en el departamento de San Miguel. Marvin Omar Castro Rodríguez de 23 años fue capturado por los delitos de violación y robo. A finales de enero, se realizó el reconocimiento del presunto agresor por parte de las víctimas. Fueron cinco mujeres las que acusaron a Castro de haberlas agredido sexualmente. El reporte de la Fiscalía señaló que «Castro Rodríguez interceptó a sus víctimas cuando se conducía en una motocicleta, sacó una pistola y un cuchillo, se identificó como pandillero y les exigió que caminaran hacia zonas boscosas en donde cometió los delitos en distintas fechas del año pasado», es decir, del 2019. La captura se realizó debido a que fueron encontradas evidencias físicas de los abusos sexuales cometidos por Marvin Omar. La fuente «fiscal aseguró que entre las evidencias encontradas por las autoridades están residuos de esperma que les encontraron a las cinco víctimas» (Rivas, LPG, 2020). Estas violaciones, según destaca la nota consultada fueron cometidas en las cercanías del recinto de la Universidad de El Salvador de la ciudad de San Miguel. La aprehensión de Castro Rodríguez fue una noticia divulgada por diversos medios, ya que en la región oriental se había escuchado hablar de un hombre que había agredido sexualmente a varias mujeres en dicha ciudad.

De este caso se pueden señalar elementos en común con otros antes mencionados. En principio se destaca que los casos de violación sexual son cometidos, por lo general, en espacios solitarios donde los agresores no puedan ser descubiertos y donde puedan dominar a la víctima. En ese sentido, utilizan un método de coerción para llevarlas a estos sitios, donde la consumación de la violación difícilmente puede ser descubierta por terceros. Este caso en particular, deja en evidencia el tema de las «pandillas», que es un tema íntimamente relacionado con la violencia social que vive El Salvador hoy día. Cabe destacar que, los miembros de pandillas son algunos de los principales agresores sexuales que ejercen esta violencia en contra de las mujeres. En muchos de los casos, las agresiones son cometidas en contra de las mujeres que integran las mismas pandillas, pero también la violencia sexual perpetrada por pandilleros afecta a las mujeres que viven en zonas «rojas», donde estas pandillas tienen un alto grado delincuencial, y la corporación policial ha perdido el control de dichos territorios. Desde esta perspectiva, la mayoría de casos no son denunciados y, por lo tanto, estos delitos no son perseguidos.

Como se ha podido constatar, en los casos expuestos en los párrafos anteriores, la cultura de la violación es un tema recurrente en la vida cotidiana salvadoreña. Esta sigue afectando grandemente a las mujeres y niñas. En el presente año, hubo un caso en particular que conmocionó a la población salvadoreña en general, y a la población del departamento de Santa Ana específicamente. A inicios de mayo, a raíz de una denuncia comunitaria atendida por la Policía Nacional Civil, se llegó a la casa del exagente de la policía Hugo Ernesto Osorio Chávez. La nota periodística lo narra así: «A las 11:00 de la noche del viernes 7 de mayo de 2021, Cristina Palomo Lima gritó para pedir ayuda porque estaba a punto de ser asesinada en una vivienda del callejón Estévez, en Chalchuapa, Santa Ana. Ese aviso reveló una barbarie: la casa donde mataron a Cristina y a su madre era en realidad un cementerio clandestino» (Jordán, LPG, 2021). A partir de ese momento se inició una amplia investigación en torno a Osorio Chávez, ya que en su vivienda se encontraron al menos once fosas y decenas de osamentas. Este caso ha cobrado relevancia a nivel internacional por el número de víctimas que se han ido descubriendo a lo largo de los meses. Ha sido un proceso lento y muy doloroso para las familias que buscan a sus familiares desaparecidos y que han acudido al lugar en busca de respuesta por parte de las autoridades pertinentes, y con la esperanza siquiera de encontrar sepultados a sus seres queridos en esas fosas descubiertas.

Este caso, a simple vista, muestra la violencia social que afecta al país. Sin embargo, recientes noticias sobre el mismo han visibilizado datos escalofriantes sobre las víctimas asesinadas por Hugo Osorio. Muchas de las personas que fueron asesinadas por Osorio eran mujeres, y según las pesquisas de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República, algunas de ellas sufrieron violación sexual antes de ser asesinadas. La coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer de la FGR, Graciela Sagastume, brindó detalles en la segunda quincena de mayo del 2021 sobre los hallazgos en torno a las fosas encontradas en la vivienda de Osorio. Sagastume explicó: «Con Hugo se sustenta mucho la violencia sexual. Fueron agredidas sexualmente absolutamente todas las mujeres que tenemos en calidad de víctimas en este momento, por lo tanto, el eje central de nuestra investigación es la violencia sexual como una herramienta de violencia de género» (Marroquín, LPG, 2021). Para ese momento de la investigación, se empezaba a dimensionar la magnitud de las atrocidades cometidas por el expolicía, mismas que fueron ejecutadas con el apoyo de otros cómplices que también fueron detenidos en ese contexto. Los indicios de violación sexual en contra de las mujeres asesinadas, y cuyos restos fueron encontrados en las fosas, dan una señal de la dimensión de la cultura de la violencia de la que son víctimas muchas mujeres en este país. Cabe mencionar que, las víctimas masculinas no sufrieron este tipo de vejaciones, solamente las mujeres. Este elemento constata y comprueba los datos que las diversas instituciones exponen en la actualidad, puesto que son las mujeres las principales víctimas de agresiones sexuales. El último nivel de violencia al que fueron sometidas estas mujeres fue la violencia feminicida, y deja en evidencia el alto nivel de violencia social que sufre El Salvador y que se sustenta también en el alto nivel de impunidad que se registra.

Los casos mencionados con anterioridad, referentes a violaciones cometidas en contra de niñas y de mujeres adultas son la constancia verídica de los datos arrojados por las encuestas e informes que se mostraron anteriormente, y que sostienen que las mujeres padecen en mayor medida la violencia sexual. En todos los casos vistos, se han encontrado elementos en común, entre lo que se pueden mencionar los siguientes: todos los agresores son hombres; en muchos de estos casos los hombres son mayores de edad y, por ende, se colocan en una relación de poder asimétrica con las víctimas, quedando estas últimas en una posición de desventaja y subordinación. En varios de estos actos de violación, el agresor fue una persona cercana a la víctima, factor que fue un detonante que el violador aprovechó para concretar el delito sexual.

Asimismo, se observó un caso de encubrimiento, en el cual la madre de la víctima prefirió ponerse del lado del agresor en lugar de apoyar a su hija. Se infiere que actitudes similares, con mucha probabilidad, se deben estar viviendo en muchos casos que al día de hoy no han sido denunciados. Es decir, el hecho que las víctimas no tengan a una persona cercana que las apoye e impulse para denunciar hace que este ciclo de violencia sexual difícilmente pueda romperse y, por lo tanto, dicho ciclo se repita una y otra vez. El perfil de los agresores que se pudieron observar en los casos presentados en este trabajo no es único y homogéneo. Aunque pudieran tener rasgos en común, también se trata de agresores cuyos perfiles deberían ser evaluados de forma breve y detallada para delimitar en cual categoría se ubican. Se debe tener en cuenta que los violadores no tienen un perfil único, ya que existen una diversidad de perfiles y categorías de violador, así como una diversidad de motivaciones para consumar los actos de violencia sexual. En ese sentido, estos agresores podrían situarse en alguna de las categorías siguientes:

El violador por desplazamiento de la agresión, sujeto que despliega la conducta como expresión de su ira o rabia; el violador compensatorio, busca a través del acto delincuencial, armonizar su actividad sexual, puesto que por medios normalizados no lo logra; el agresor de difusión sexual y agresiva, sádico, que encuentra placer en el sufrimiento de las víctimas; y el agresor impulsivo, no calculador de la situación, oportunista desinhibido (Larotta, 2013, p. 110).

Identificar y definir la categoría a la que se adapta cada agresor de cada uno de los casos antes expuestos, sería una tarea que requeriría de mucho tiempo y de una investigación más exhaustiva. No obstante, puede apuntarse que todas estas personas agresoras tienen en común fuertes patrones culturales patriarcales y machistas que, con toda seguridad, influyeron para que llevaran a cabo las agresiones sexuales contra sus víctimas.

11. A manera de cierre

Como se ha podido observar, la violencia sexual que sufren las mujeres y niñas en El Salvador es uno de los problemas sociales que mayor arraigo tiene en la sociedad salvadoreña. La nuestra es una sociedad con fuertes patrones culturales patriarcales, que propicia, normaliza y, hasta cierto punto, estimula este tipo de violencia, ya que se siguen reproduciendo rasgos culturales y estereotipos que legitiman la desigualdad de relaciones entre hombres y mujeres. En este sistema patriarcal son las mujeres y las niñas las principales víctimas de la violencia en diversas dimensiones, desde la física, psicológica, patrimonial, sexual y, en el caso más extremo, violencia feminicida. Este tipo de violencia tiene rasgos históricos, tal como se observó al inicio del ensayo. Diversos casos de violación sexual se registraron a finales del siglo XIX y principios del XX, aunque el periodo histórico era distinto, ciertas semejanzas afloran al momento de ver los actuales casos de violencia sexual.

Los hombres siguen siendo los principales agresores. El espacio privado, la casa, sigue siendo uno de los espacios más peligrosos para las víctimas, sobre todo cuando el victimario es una persona del entorno familiar o del círculo de amigos, pues ello genera una relación asimétrica donde el agresor usa su poder para ejecutar el delito sexual. La cultura de la violación es una constante en la sociedad salvadoreña. Debido al sistema patriarcal y machista que rige las relaciones sociales, la violación es la máxima expresión de violencia sexual y de poder hacia las víctimas. Mediante este acto, no solamente se violenta la integridad física de las víctimas, sino también se causan daños psicológicos y se afecta el desarrollo integral de las víctimas, sean estas niñas o mujeres adultas. La violación sexual también se ejerce como un mecanismo que los hombres utilizan para placer propio ya que, en este sistema patriarcal y machista, las mujeres son vistas como meros símbolos u objetos sexuales para el placer sexual masculino. Esta cultura de la violación se nutre de patrones culturales fuertemente arraigados en el imaginario colectivo. Estos factores favorecen la normalización de la violencia y, por ende, justifican situaciones de violencia simbólica y sexual. Una de las principales consecuencias de la cultura de la violación es el alto índice de embarazos en niñas y adolescentes. Este hecho también es el catalizador de otros problemas sociales como la pobreza, bajos niveles de escolaridad, hacinamiento poblacional, entre otros.

Referencias

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1. 1 Este texto íntegro fue presentado con el título: «Cultura de la violación: violencia sexual contra mujeres y niñas en El Salvador» al Certamen Nacional de Ensayo y Periodismo Investigativo: La normalización de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en la Cultura de la violación, desarrollado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en el año 2021/22. En dicho Certamen el texto obtuvo el Primer lugar en la rama Ensayo.

2. 2 Historiadora salvadoreña. Ha realizado investigación sobre historia de mujeres en El Salvador a mediados del siglo XX y sobre otras temáticas.

3. 3 No obstante, debió haber casos de violación donde las víctimas fueron hombres. Aunque no es la temática que atañe a este escrito.

4. 4 Los tatús eran agujeros profundos, pequeños, como cuevas, que la guerrilla y la población civil excavaron en la tierra para proteger a la gente durante los ataques aéreos militares.

5. 5 El mismo no pretende ser un trabajo exhaustivo o acabado sobre la temática en cuestión. No obstante, sí busca visibilizar esta problemática tomando como base algunas de las fuentes históricas y documentales que se tienen disponibles.

6. 6 La violencia se ejerció desde el momento en que este vulneró el derecho a decidir, voluntariamente, de la víctima y por cuenta propia sobre su vida o comportamiento sexual.