Cap2

La retórica política con relación a la violencia contra las mujeres trans en El Salvador (2019–2023)

Political Rhetoric Regarding Violence Against Trans Women in El Salvador (2019–2023)

Fecha de recepción:

3 de noviembre 2025

Fecha de aprobación:

26 de enero 2026

https://hdl.handle.net/20.500.14492/33008

Juan Manuel Guzmán Alfaro

El Salvador

Universidad de El Salvador

ga12013@ues.edu.sv

https://orcid.org/0009-0007-7449-3388

Resumen

Este artículo analiza la influencia de los discursos políticos en El Salvador, entre 2019 y 2023, en la percepción social y en las expresiones de violencia hacia las mujeres trans. La investigación examina el contexto histórico y cultural del país, el cual ha generado una persistente marginalización de esta población, a pesar de los avances internacionales en materia de derechos humanos. El estudio se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo, mediante entrevistas a mujeres trans y a expertas en género, lo que permitió evidenciar la ausencia de herramientas legales y políticas efectivas de protección. Asimismo, se pone énfasis en la disolución de instituciones clave, como la Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaría de Inclusión Social, acciones que intensificaron la exclusión del colectivo LGBTIQPA+. Los resultados también documentan el incumplimiento de las promesas iniciales del gobierno del presidente Bukele y la persistencia de la violencia institucional, ejemplificada en el caso de Paola, quien enfrentó discriminación y acoso por parte de entidades públicas. En conclusión, el análisis demuestra que la retórica política dominante y el desmantelamiento institucional han profundizado la vulnerabilidad de las mujeres trans en El Salvador.

Palabras clave: derechos humanos, discriminación contra minorías sexuales, discurso de odio, El Salvador, exclusión social, violencia.

Abstract:

This article analyzes how political discourse in El Salvador between 2019 and 2023 influenced social perceptions and violence against trans women. The research examines the country’s historical and cultural context, which has generated significant marginalization of this population despite international advances in human rights. Using a qualitative approach based on interviews with trans women and gender experts, the study highlights the lack of legal and policy tools for protection. Particular attention is given to the dismantling of key institutions, such as the Directorate of Sexual Diversity and the Secretariat of Social Inclusion, actions that intensified the exclusion of the LGBTIQPA+ community. The findings also document the failure to fulfill the Bukele administration’s initial promises and the persistence of institutional violence, exemplified by the case of Paola, who experienced discrimination and harassment by public entities. In conclusion, the analysis demonstrates that current political rhetoric and institutional dismantling have deepened the vulnerability of trans women in El Salvador.

Keywords: discrimination against sexual minorities, El Salvador, hate speech, human rights, social exclusion, violence.

Introducción
A lo largo de las décadas, en la historia moderna de El Salvador, los temas de género y diversidad sexual han ido en aumento, ocupando espacios tanto públicos como privados, incluidos los ámbitos académicos, mediáticos y familiares, atravesando estructuras económicas y sociales diversas. Este proceso ha estado estrechamente vinculado al contexto político de cada época y puede ejemplificarse con uno de los casos más emblemáticos de inicios del siglo XX, cuando una mujer llamada Prudencia Ayala decidió postularse como candidata a la Presidencia de la República de El Salvador. Este hecho generó en la sociedad de su tiempo asombro, burlas y comentarios despectivos, debido a que se trataba de una mujer con una expresión de género considerada masculina.
Como lo describe el escritor Arévalo (2022), su estética personal también pudo haber contribuido a este hecho, ya que no se presentaba públicamente bajo los cánones tradicionales de vestimenta asignados a las mujeres de esa época. Por el contrario, en muchos casos, su forma de vestir se aproximaba a prendas consideradas masculinas, lo que contribuyó a la generación y persistencia de injurias y escarnios hacia sus aspiraciones (p. 148).
La censura hacia expresiones e identidades de género que se situaban fuera de la heteronorma fue una cómplice fundamental durante la primera mitad del siglo XX en los medios de comunicación masivos de El Salvador. Como señala Arévalo (2022), la representación explícita de personajes que escaparan del patrón heterosexual en las distintas publicaciones, ya fueran revistas o periódicos, resultaba sumamente difícil, cuando no prácticamente imposible, debido a las normas morales que censuraban a este tipo de personas (p. 148). En este sentido, puede afirmarse que la censura constituye también una forma de violencia que alimentó la retórica política y que continúa siendo una herramienta eficaz del aparato político en la actualidad salvadoreña.
El periódico fue una herramienta clave de comunicación para la sociedad durante el siglo XX, también fue utilizada (y sigue siendo utilizada hoy en día) como una herramienta que divulgaba un cierto nivel de violencia y odio de parte de aquellas personas que buscaban mantener la heteronorma y el conjunto de valores que la rigen, el morbo de aquella época con que mayormente se redactaban y se siguen redactando las crónicas de homicidios o actos de intolerancia hacia la población LGBTIQPA+ alimentan los estereotipos de género, homofobia y transfobia que siguen ubicando a esta población en una posición vulnerable dentro de la escala social. Este imaginario colectivo es construido desde el sistema heterosexista para negar la existencia de asesinatos motivados por la orientación sexual, identidad y/o expresión de género que no pactan públicamente con el régimen heterosexual binario (Arévalo, 2022, p. 191).
Durante la década de los 40 y 50 en El Salvador se fortalecieron una serie de leyes que pretendían perseguir todas aquellas prácticas o acciones que atentan contra las «buenas costumbres», como la Ley de Vagos y Maleantes de 1940 y luego la Ley de Estado Peligroso de 1953. No se escapa que en este momento se creó una concepción de «moral del Estado», y todo aquello que no estaba bajo los fundamentos morales que se promovían fue categorizado como «peligroso» y con tal hecho pasible de enjuiciamiento, encarcelamiento y represión (Arévalo, 2022, p. 196).
Los cambios políticos que se dieron a partir de la segunda década de siglo XXI trajeron consigo una esperanza para la población LGBTIQPA+ y sobre todo para la sociedad civil organizada, ansiosa por ver un cambio social y de derechos humanos que antes no se habían podido lograr. Con la entrada del partido FMLN al gobierno se logró en mayo de 2010 la adopción del Decreto Ejecutivo N.º 56, que crea a su vez la Dirección de Diversidad Sexual, en definitiva fue un momento histórico que quedó materializado en el Foro de Inclusión Social y Diversidad Sexual llevado a cabo en San Salvador el 14 de mayo de 2013 (Arévalo, 2022, p. 576) Si bien es cierto dicho decreto solamente tenía efecto dentro del órgano ejecutivo, demostraba un avance significativo en términos de justicia social y derechos humanos.
Manuales, capacitaciones, talleres y campañas fueron parte de la estrategia de la Dirección de Diversidad Sexual en donde se logró visibilizar el impacto negativo que traía consigo la discriminación y los estereotipos impuestos hacia la población LGBTIQPA+, todas estas acciones tenían como objetivo fortalecer una cultura de paz y crear espacios más seguros para la población. Inclusive las organizaciones de la sociedad civil fueron articulándose para fortalecer sus capacidades técnicas y generar más incidencia, como fue la creación de RedTransal en 2013 dentro del Foro de Divulgación del Plan de incidencias Juntas y Juntos por una Ley de Identidad de Género en El Salvador (Arévalo, 2022, p. 576).
Los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) caso Vicky Hernández vs. Honduras, Sentencia 26 de marzo de 2021 (Corte IDH, 2021) del deber del Estado en adoptar medidas reforzadas para combatir la discriminación y el deber del Estado en aplicar el enfoque interseccional son claves para entender el contexto que todas estas iniciativas buscaban establecer en El Salvador y que como ausencia de ellos dan pie a la perpetuación de violencia y discriminación hacia la población LGBTIQPA+.
El 4 de mayo de 2013 es asesinada la activista trans Tania Vásquez y es a partir de este acto que la organización «Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con o sin VIH» (COMCAVIS-TRANS), liderada en esa época por Karla Avelar, aumentan los esfuerzos por documentar los actos de violencia cometidos a las mujeres trans y dan pie a la solicitud de una audiencia con la Corte IDH que se materializó en octubre de 2013, hasta la fecha El Salvador sigue sin darle cumplimiento a las solicitudes hechas por la Corte IDH respecto a la grave situación de violencia y discriminación contra las mujeres trans en este país.
El proceso de visibilización e incidencia de las diversas identidades de género continúa siendo una lucha para las personas del colectivo LGBTIQPA+, especialmente para las mujeres trans, quienes son constantemente violentadas por distintos sectores de la sociedad y obligadas a vivir en la clandestinidad, sin el derecho al reconocimiento de su identidad de género. Esta situación es resultado de una retórica política que se niega a ceder y que parece reafirmarse en los sectores más radicales y conservadores de la sociedad salvadoreña, entre ellos la iglesia católica y protestante, el gobierno de turno, el partido político oficialista y otras fuerzas políticas, así como en mujeres y hombres heterosexuales y homosexuales que gozan de privilegios asociados a su clase económica y social, color de piel u otros factores.
Metodología
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y explicativo. El diseño se centró en analizar la relación entre la retórica política y la violencia institucional, justificando este método para comprender profundamente las experiencias subjetivas de marginalización y los efectos de los discursos oficiales en la realidad social de El Salvador.
La población y muestra se conformó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual incluyó entrevistas semiestructuradas aplicadas a mujeres trans y mujeres cisgénero pertenecientes a diversos colectivos y organizaciones de derechos humanos y derechos LGBTIQPA+. La inclusión de estos perfiles permitió obtener una perspectiva de primera mano sobre la vulnerabilidad y la falta de herramientas legales de protección ante la violencia actual.
Como técnica complementaria, se llevó a cabo una exhaustiva investigación bibliográfica y documental. Se analizaron por ejemplo recursos jurídicos y técnicos internacionales, específicamente sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y publicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A nivel nacional, la recolección de datos se extendió a la revisión de archivos de diferentes ministerios y carteras del gobierno de El Salvador, con el fin de contrastar las narrativas oficiales con el desmantelamiento de instituciones como la Dirección de Diversidad Sexual. Este diseño metodológico facilitó la triangulación de información para explicar cómo la retórica política del periodo 2019-2023 se tradujo en acciones de exclusión y violencia institucional contra las mujeres trans.
Resultados y discusión
Según información del Ministerio de Justicia de El Salvador, entre 2015 y junio de 2019, se registraron 692 hechos de violencia contra las personas LGBTI, incluyendo 72 homicidios; en la mayoría de hechos de violencia registrados, las víctimas fueron personas trans (CIDH, 2022).
En 2015, la Asamblea Legislativa de El Salvador reconoció la gravedad de los homicidios motivados por el odio en razón de la orientación sexual o la identidad de género de una persona y reformó el Código Penal para elevar las penas previstas para estos delitos a un máximo de 70 años de cárcel y tipificar estos hechos como homicidios agravados. Aunque esta reforma fue un avance significativo, María, experta en temas de derechos humanos y de género, quien forma parte de la organización COMCAVIS TRANS comenta que su implementación ha sido limitada, en parte debido a la falta de protocolos adecuados y a la escasa sensibilización dentro del sistema judicial (López, comunicación personal, 14 de agosto de 2024).
Durante los últimos años El Salvador ha sido testigo de cambios políticos sustanciales que han generado una diversidad de reacciones por parte de la sociedad y es a partir del año 2019 que Nayib Bukele (actual presidente de El Salvador) toma posesión del órgano ejecutivo a través de la bandera de un nuevo partido y que según su retórica buscaba reivindicar todos los derechos, acciones, políticas e iniciativas que los partidos políticos históricos (ARENA y FMLN) no habían podido cumplir (Martínez, 2019).
Todo parecía indicar que se estaba en presencia de un momento canónico que sentaría las bases de una gestión a favor de los derechos del colectivo LGBTIQPA+, la continuidad de la Secretaría de Inclusión Social y por ende el desarrollo de la Dirección de Diversidad Sexual. Pero para sorpresa del colectivo LGBTIQPA+, ambas fueron disueltas durante las primeras treinta y seis horas de su mandato con la expectativa de un seguimiento desde el Ministerio de Cultura, quien estaría a cargo ahora de dichas instituciones (Agencia Presentes, 2021).
En 2024, el Estado Salvadoreño vive una realidad distinta, en donde el papel de los medios de comunicación y redes sociales juegan un rol preponderante en la dinámica del gobierno, de tal forma que pareciera todo muy bien marcado por la influencia que Nayib Bukele y todo su aparataje político gubernamental dictan a la sociedad a través de estos medios, siendo esto, muchas veces, una amenaza que atenta contra la cultura de paz e igualdad de todas y todos en conjunto, pero sobre todo de minorías que quedan a la deriva, marginadas y marginados de la agenda política a razón de aspectos que incumplen a la heteronorma, la naturaleza binaria y elementos morales y religiosos que reciben una importancia excesiva e injustificada en las decisiones políticas del gobierno actual.
1. Ley de Identidad de Género
  Para Paola —nombre ficticio utilizado para proteger su identidad—, mujer trans de 36 años que actualmente se desempeña como promotora de salud en el área de VIH en un hospital de la red pública, uno de los momentos más difíciles de su experiencia ha sido la discriminación en espacios que para la mayoría de las personas resultan cotidianos. Señala que un banco, un lugar que no representa una amenaza para otras personas, se convierte para ella en un espacio hostil, donde se niegan a llamarla por su nombre de elección pese a su expresión femenina visible. Esta situación constituye una forma de violencia simbólica que deshumaniza a las personas trans al negarles el derecho a su propia identidad. Asimismo, Paola relata haber sido acosada y detenida arbitrariamente por la policía y el ejército, lo que evidencia la persistencia de violencia institucional y abuso de poder hacia la población trans (García, comunicación personal, 17 de agosto de 2024).
  La experiencia de acoso sexual y la presión para tener relaciones sexuales por parte de los agentes de seguridad es particularmente preocupante, como comenta Paola. Esto revela un patrón de violencia de género que se agrava en el caso de las mujeres trans, quienes no solo enfrentan la discriminación de género, sino también la «fetichización» y la «objetificación» por parte de figuras de autoridad. Este tipo de violencia es el resultado de la falta de protocolos institucionales, un marco legal y del abandono hacia los derechos humanos de las personas trans en El Salvador al aprobar una Ley de Identidad de Género.
  Se observa entonces como las mujeres trans, disidentes del género binario son expuestas como una fantasía sexual, perpetuando la violencia y relación de poder con esa figura de autoridad que presenta la policía o el ejército, es aquí donde prima enfatizar que «el privilegio heterosexual opera de muchas maneras y dos de ellas son naturalizarse y afirmarse como lo original y la norma» (Butler, 2002, p.185). Lo anterior con el fin de perpetuar un estigma social, una idea de lo antinatural y la justificación de una violencia y acoso institucional sin ninguna regulación.
  «El anteproyecto de Ley de Identidad de Género elaborado en 2018 por la Mesa Permanente por una Ley de Identidad, en su artículo 1 plantea la relevancia y objetivo de dicha ley y establece que tiene como fin reconocer, promover y garantizar el derecho a la identidad de género de cada persona y en particular a ser identificada de ese modo en los documentos que acrediten su identidad» (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, 2018).
  Paola señala que la aprobación de una Ley de Identidad de Género es fundamental para mejorar la situación de las mujeres trans en El Salvador, ya que permitiría el reconocimiento legal de sus identidades y el acceso a derechos básicos como el empleo, la educación y la vivienda, sin enfrentar discriminación. Asimismo, subraya que las mujeres trans no buscan privilegios, sino una inclusión que les permita vivir dignamente (García, comunicación personal, ١٧ de agosto de ٢٠٢٤).
  «Cada vez más países de América Latina cuentan con procedimientos para el reconocimiento legal del género, como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, que ofrecen mecanismos administrativos sencillos basados en la autodeclaración. La presidenta de la vecina Honduras anunció recientemente que el país realizaría las reformas necesarias para asegurar este derecho, en cumplimiento del pronunciamiento histórico emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, en un caso relacionado con Honduras» (Cabrera, 2022).
  La Conferencia de Yogyakarta de donde nacen los Principios de Yogyakarta en 2006, se refieren a una amplia gama de derechos humanos y cómo se aplican en cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Entre otros, se incluyen: ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, los derechos de libertad de expresión y reunión, empleo, salud, educación, cuestiones de migración y refugiados, participación pública y una variedad de otros derechos (The Yogyakarta Principles, 2006).
  La negativa del gobierno a aprobar una Ley de Identidad de Género constituye un punto clave. Como señala Patricia —nombre ficticio utilizado para proteger su identidad—, experta en temas de género y periodista de un portal feminista, a pesar de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó en febrero de ٢٠٢٢ que la Asamblea Legislativa debía legislar a favor de los derechos de las personas trans, no se han producido avances significativos. Esta situación no solo impide que las mujeres trans obtengan reconocimiento legal, sino que también perpetúa su marginalización en los ámbitos laboral, educativo y de salud (Flores, comunicación personal, ١٤ de agosto de ٢٠٢٤).
  Un ejemplo claro de retroceso, como lo señala María, es la decisión de archivar en 2022 el anteproyecto de ley sobre identidad de género, pese a los esfuerzos previos de la sociedad civil por impulsarlo. Este hecho simboliza la falta de voluntad política para reconocer los derechos de las personas trans, lo que sitúa a este colectivo en una condición de mayor vulnerabilidad (López, comunicación personal, 14 de agosto de 2024).
2. Nayib Bukele, retórica, religión y redes sociales
  El discurso político en El Salvador, según Paola, ha jugado un papel crucial en el aumento de la violencia y la discriminación hacia las mujeres trans. A partir de 2019, bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, se ha incrementado el uso de un discurso que invisibiliza y margina a las personas trans.
  Un ejemplo claro de retroceso, como lo señala María, es la decisión de archivar en 2022 el anteproyecto de ley sobre identidad de género, pese a los esfuerzos previos de la sociedad civil por impulsarlo. Este hecho simboliza la falta de voluntad política para reconocer los derechos de las personas trans, lo que sitúa a este colectivo en una condición de mayor vulnerabilidad (López, comunicación personal, 14 de agosto de 2024).
  «De las muertes violentas registradas entre 2019 y 2020, la población más afectada fue la de mujeres trans, con ocho asesinatos, seguida por los hombres gay, con dos asesinatos. Estos datos muestran que las mujeres trans continúan en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto de las poblaciones LGBTIQ+, marcada por una violencia y discriminación históricas que pueden explicarse por los patrones cisheteronormativos que rigen la sociedad salvadoreña. Al asumir una identidad y una expresión de género no concordantes con las asignadas al nacer, se genera un conflicto que desemboca en formas de violencia estructural que pueden llegar a los ataques físicos y la muerte» (COMCAVIS TRANS, 2020).
  «En las primeras horas de la mañana del 31 de enero de 2019, en respuesta a una denuncia por altercados en la vía pública, tres policías se llevaron en un vehículo policial a Díaz Córdova, de 29 años. La fiscalía manifestó que los agentes la agredieron con ferocidad y la arrojaron del vehículo en movimiento. Díaz Córdova falleció el 3 de febrero en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador a causa de las lesiones sufridas. El juez determinó que la evidencia, incluidos el registro del dispositivo GPS del vehículo, el sitio donde se halló a Díaz Córdova y el informe de la autopsia, establecían la responsabilidad penal de los agentes» (Vivanco, 2020).
  El asesinato descrito en el párrafo anterior logró una condena histórica de la justicia en El Salvador, la sentencia del 28 de julio de 2020 es crucial para la protección de los derechos de las personas salvadoreñas transgénero, ya que se trata de la primera condena por el homicidio de una persona transgénero en el país (Vivanco, 2020). Lo anterior representa la gravedad evidente respecto a la situación de violencia contra las mujeres trans y la urgencia por establecer un marco jurídico y penal más rígido en el tema de justicia para el cumplimiento de los derechos humanos.
  El 28 de agosto de 2019 fue publicado el Decreto Ejecutivo número 20, que marca el fin de la Secretaría de Inclusión Social, así como la Dirección de la Diversidad Sexual, orientando todas las acciones y funciones al Ministerio de Cultura (Gobierno de El Salvador, 2019). Esta noticia para los ojos de aquellas y aquellos que luchan por los derechos humanos de la población LGBTIQPA+ no resultó muy alentadora y definió con claridad cuál sería la postura del gobierno de Nayib Bukele.
  Como se puede leer entre las líneas de los considerandos del Decreto número 20, es deber del Gobierno de la República velar por la generación de condiciones que permitan el desarrollo y protección de estas personas, generando las condiciones para que sean eliminadas las distintas formas de discriminación y de intolerancia hacia las personas y los grupos sociales, por razones de su identidad de género y/o de su orientación sexual (Gobierno de El Salvador, 2019). Pero lo que se refleja durante todo el periodo 2019-2023 dista mucho del espíritu que pretendía este decreto en un inicio.
  El 2020 trajo consigo la pandemia del COVID-19, un evento inaudito no solo para El Salvador sino para todo el mundo. «Muchas de las medidas que se adoptaron como el confinamiento y restricciones para la circulación en espacios públicos, limitaron posibilidades de sobrevivencia a un porcentaje significativo de personas LGBT+ que recurren al trabajo informal (en las calles) como forma de subsistencia y particularmente a mujeres trans para quienes el trabajo sexual (en muchos de los casos) se ha instaurado como su única fuente de subsistencia. Con ello se acentuaron desigualdades históricas que interceptan los cuerpos de las personas LGBT en territorios donde la discriminación ha sido institucionalizada y normalizada por el Estado y la sociedad» (Pérez, 2020).
  Las violencias recurrentes se exacerbaron en pandemia y de manera particular afectaron a mujeres trans en espacios de trabajo sexual, víctimas de violencia policial, acciones de criminalización y la denegación de sus derechos. Para muchas de ellas, el retroceso frente a derechos se ha venido agudizando con el actual gobierno que se niega a reconocer la identidad de género como un derecho constitucional (Pérez, 2020).
  «A pesar de que los casos de violencia hacia las personas trans con respecto al 2019 disminuyeron en un 50 %, gracias a la cuarentena obligatoria, varios de los que acontecieron en el 2020 el Estado tuvo complicidad por acción directa y otros por omisión. Por ejemplo: el caso de Katherine Rosmery Duvall, quien fue asesinada el 3 de septiembre de 2020 en Altavista a manos de unos pandilleros que creían que era informante de la policía, ya que los uniformados solían frecuentar su vivienda. En este caso, el Estado tuvo una participación por acción debido a que ella había denunciado previamente que los policías iban a su casa con el propósito de extorsionar para que no la acusaran de algún crimen» (Pérez, 2020).
  El estándar de la debida diligencia en los casos de violencia contra población LGBTIQPA+ y en especial contra mujeres trans sigue sin cumplirse y el acceso a un juicio justo es aún menos probable, de tal forma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe respecto a la situación de El Salvador en tema de derechos humanos es clara en decir que:
  «Los Estados Miembros de la OEA tienen el deber de prevenir y combatir la impunidad, incluida la relacionada con la violencia contra las personas LGBTI. Cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los casos de violencia contra estas personas, la impunidad transmite el mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada. Por ello, el Estado salvadoreño debe actuar bajo el deber de debida diligencia para prevenir, investigar, procesar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos perpetradas por actores estatales o privados contra las personas LGBTI, a través de medidas integrales y efectivas que promuevan la investigación» (CIDH, 2021).
  Los discursos políticos conservadores, en particular el rechazo a la «ideología de género» y la Agenda 2030, han influido en la percepción social de las personas trans. El uso de esta retórica genera desinformación y confusión en la población, lo que refuerza el rechazo hacia las personas trans y legitima la violencia en su contra. La falta de educación formal y especializada en derechos humanos agrava esta situación, ya que muchas personas no comprenden que los derechos de las personas trans son, en última instancia, derechos humanos.
  Como alcalde de San Salvador, Nayib Bukele afirmó en 2014, durante una reunión con el colectivo LGBTIQA+: «Yo creo que la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGBT; yo quiero estar del lado correcto de la historia, siempre lo he dicho, y mi temor es estar del otro lado […]. Yo quiero estar del lado correcto de la historia, no voy a estar del lado de los discriminadores; si se llama heteroaliado, sería eso […]» (ElSalvadorG, 2014, 0:36).
  Como presidente de El Salvador, Nayib Bukele afirmó en 2024, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es «importante que la currícula no lleve la ideología de género», ya que se trata de una educación «contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia y contraria a lo que los padres quieren» (RadioAmericaHN, 2024, 1:15).
  El impacto que puede llegar a generar un discurso puede predecir las intenciones que el orador, o en este caso el presidente de El Salvador pretende, ese fue el caso de Nayib Bukele quien en su discurso como presidente reelecto advirtió que se venían tiempos difíciles y medicina amarga y en cuestión de días, luego de dado este discurso, fueron removidos de sus cargos un grupo significativo de empleados del Ministerio de Cultura, entidad que como se ha mencionado en este artículo, es la encargada de velar por la garantía y protección de derechos humanos de la población LGBTIQPA+ a través del Decreto Ejecutivo N.º 20, dicho esto es evidente que este tipo de acciones instrumentaliza a la población LGBTIQPA+ utilizándola como justificación para intereses del mismo gobierno respecto a su agenda política y perpetuando la violencia y discriminación.
  «Según el discurso oficial, los despidos buscarían rescatar al Ministerio de Cultura de las manos de activistas proderechos de la diversidad sexual. Algunos hechos previos anticiparon esta medida. El 15 de junio de 2024 se presentó en la gran sala del Teatro Nacional la obra “Inmoral”, del grupo Inari, un colectivo de artistas que fusiona la imaginería drag con las artes dramáticas. La obra se exhibió solo una vez; el 16 de junio el Ministerio de Cultura suspendió las presentaciones por mostrar “contenido no apto para la familia salvadoreña”. Tres días después, el 19 de junio, fue nombrado como nuevo titular de la cartera Raúl Neftalí Castillo Rosales, diputado de la bancada de Nuevas Ideas. En sus primeras declaraciones, Castillo dijo que “este ministerio es de suma importancia para fortalecer nuestros valores como sociedad y su base: la familia salvadoreña”» (Editorial UCA, 2024).
  Se observa un cambio de discurso radical, moralista y religioso que, comparado al que Nayib Bukele tenía en 2014, sitúa al colectivo LGBTIQA+, pero sobre todo a las mujeres trans en una posición vulnerable, satanizándolas y creando en la población un nuevo imaginario lleno de odio y reproche a todo lo que involucre el fantasma de la ideología de género, como plantea Judith Butler: «Los diablos y demonios solo pueden ser expulsados o desterrados, quemados en efigie, por lo que la censura, el acoso y la patologización se convierten en las estrategias clave del movimiento anti-género» (Butler, 2024, p. 46) , dándole justamente respuesta a esta fórmula perfecta que favorece una retórica llena de odio y discriminación hacia el colectivo y con mayor impacto hacia mujeres trans en El Salvador.
  A pesar de este contexto adverso, Patricia destaca la resistencia activa de las organizaciones de la sociedad civil, como COMCAVIS TRANS, AMATE, y otros colectivos que continúan trabajando por los derechos de las mujeres trans. Estas organizaciones han seguido promoviendo el reconocimiento de sus derechos y creando espacios de incidencia a través de medios alternativos como pódcast y plataformas en redes sociales (Flores, P., Entrevista, 14 de agosto de 2024).
  Paola señala que las organizaciones de la sociedad civil han constituido un apoyo fundamental para las mujeres trans en El Salvador, ya que no solo proporcionan recursos económicos, como capital semilla para pequeños emprendimientos, sino que también brindan acompañamiento a quienes se ven obligadas a abandonar el país a causa de la violencia. La labor de estas organizaciones resulta esencial para suplir la ausencia de apoyo gubernamental y ofrecer protección a las personas trans que enfrentan situaciones de violencia (García, comunicación personal, 17 de agosto de 2024).
  María ofrece una reflexión final que presenta una visión clara y alarmante sobre los retos que enfrentan las mujeres trans en El Salvador. Su análisis destaca cómo las políticas regresivas y la retórica de odio promovidas desde el gobierno han incrementado la violencia y la exclusión hacia esta población del colectivo LGBTIQPA+ (López, comunicación personal, 14 de agosto de 2024).
Conclusiones
En un contexto marcado por profundos desafíos de discriminación y violencia hacia las mujeres trans, como el salvadoreño, la aprobación de una Ley de Identidad de Género resulta urgente para garantizar el reconocimiento, la protección de los derechos humanos de las mujeres trans y el derecho que todas las personas tienen a una identidad que las dignifique. El Decreto Ejecutivo N.º 20 de 2019 reconoció que la población LGBTIQPA+ ha sufrido discriminación por razón de su identidad de género y/o su orientación sexual; sin embargo, dicho reconocimiento quedó limitado al plano normativo, sin una aplicación efectiva.
El reconocimiento legal de las mujeres y los hombres trans no responde a un simple capricho de un grupo ni a los intereses de una supuesta agenda política oscura de un sector progresista de la sociedad, sino a un derecho universal a la identidad que, en El Salvador, no ha sido plenamente garantizado. Si la retórica política del gobierno en turno mantiene un discurso de odio, cargado de estereotipos y fuertemente influenciado por posturas religiosas, el resultado a mediano plazo podría traducirse en un incremento del odio y de la violencia contra la población LGBTIQPA+.
La incidencia que las organizaciones de la sociedad civil desarrollan a través de los medios de comunicación y de las plataformas digitales ha permitido que los derechos humanos de las mujeres trans y el derecho a la identidad de género adquieran mayor visibilidad. Gracias a estas acciones, la población en general puede conocer de primera mano las dinámicas de vida y la situación actual que enfrentan muchas mujeres trans. Estos esfuerzos se reflejan especialmente en las redes sociales, las cuales han posibilitado un acercamiento sin precedentes a las vivencias de mujeres trans en contextos de riesgo y vulnerabilidad, lo que contribuye a contrarrestar la escasa o nula acción del Estado en la garantía de los derechos humanos de la población LGBTIQPA+.
Referencias
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Arévalo, A. (2022). Dialogando con el silencio: Disidencias sexuales y de género en la historia salvadoreña, 1765–2020. Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador.
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Butler, J. (2024). Who’s afraid of gender? Farrar, Straus and Giroux.
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Cabrera, C. G. (2022, julio 18). El Salvador: Se niega igualdad de derechos a las personas transgénero. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/news/2022/07/18/el-salvador-se-niega-igualdad-de-derechos-las-personas-transgenero
COMCAVIS TRANS. (2020). Muertes violentas de personas LGBTIQ+ en El Salvador (enero de 2019 a diciembre de 2020).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Situación de derechos humanos en El Salvador. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2024). Audiencia: Denuncias de violencia contra personas trans en El Salvador [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=481oU6ZUnFA
Cooperación Española, Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), FUDECEN, y Oxfam. (2023). Observatorio de desigualdad multidimensional. https://observatoriodesigualdad.sv/dominios/seguridad-financiera-y-trabajo-digno
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