Manifestaciones aporófobas en el acceso a la justicia para las mujeres en El Salvador

Aporophobic Manifestations in Access to Justice for Women in El Salvador

Claudia Patricia Guadalupe Padilla Castaneda

El Salvador

Universidad de El Salvador

pc05010@ues.edu.sv

https://orcid.org/0009-0005-5675-6100

Resumen

Este artículo analiza el acceso a la justicia de las mujeres en El Salvador desde una perspectiva interseccional, considerando las desigualdades estructurales y los factores socioeconómicos que intensifican su exclusión en el sistema judicial. La investigación examina cómo la aporofobia, entendida como el rechazo hacia las personas en situación de pobreza, afecta de manera particular a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, limitando su acceso a servicios legales, representación adecuada y apoyo institucional. A partir del análisis de casos nacionales y la comparación con estándares internacionales, el estudio identifica como principales obstáculos los altos costos de los procesos legales, la falta de representación legal especializada y la persistencia de prejuicios institucionales, factores que refuerzan la desigualdad de género y la cultura de impunidad. Los resultados evidencian que estas barreras constituyen obstáculos estructurales que requieren atención prioritaria. En este sentido, el artículo subraya la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas y sensibles al género, promover la concientización sobre la aporofobia dentro del sistema judicial y avanzar en reformas orientadas a garantizar un acceso equitativo a la justicia, con el fin de proteger a las mujeres frente a la violencia, la discriminación y otras formas de abuso, y asegurar el pleno ejercicio de sus derechos humanos en El Salvador.

Palabras clave: acceso a la justicia, aporofobia, desigualdad social, discriminación, interseccionalidad.

Abstract:

This article analyzes women’s access to justice in El Salvador from an intersectional perspective, considering the structural inequalities and socioeconomic factors that intensify their exclusion within the judicial system. The study examines how aporophobia, understood as discrimination against people living in poverty, particularly affects women in vulnerable situations by limiting their access to legal services, adequate representation, and institutional support. Through the analysis of national cases and a comparison with international standards, the research identifies high legal costs, the lack of specialized legal representation, and the persistence of institutional bias as the main obstacles, reinforcing gender inequality and a culture of impunity. The findings show that these barriers constitute structural obstacles that require priority attention. In this regard, the article underscores the need to implement inclusive, gender-sensitive public policies, promote awareness of aporophobia within the justice system, and advance reforms aimed at ensuring equitable access to justice, in order to protect women from violence, discrimination, and other forms of abuse and to guarantee the full exercise of their human rights in El Salvador.

Keywords: access to justice, aporophobia, discrimination, intersectionality, social inequality.

1. Introducción

   En la sociedad contemporánea, el rechazo hacia los grupos socialmente excluidos —especialmente aquellos que enfrentan condiciones de pobreza extrema— persiste como una realidad ampliamente normalizada. Este fenómeno trasciende los prejuicios individuales, hallándose profundamente enraizado en una estructura social y económica que reproduce la marginación de los sectores más vulnerables (Vázquez y Pérez, ٢٠١٩). En particular, la pobreza extrema deriva de un sistema que concentra el capital de forma asimétrica, sumiendo a un porcentaje significativo de la población en condiciones de profunda desigualdad.

   En este contexto emerge el concepto de aporofobia, definido como el rechazo o aversión hacia las personas pobres o desfavorecidas (ASALE y RAE, 2017). Esta actitud no solo refuerza los estigmas sociales, sino que contribuye a consolidar las barreras estructurales que impiden el acceso a servicios esenciales, incluido el sistema de justicia.

   El caso de El Salvador resulta paradigmático, dado que la pobreza afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad: la de género y la de clase social. Según González y Martínez (2020), la intersección de estas desigualdades agudiza la exclusión de las mujeres pobres, limitando drásticamente su capacidad para acceder a recursos fundamentales y bienestar. La falta de asistencia legal adecuada y la escasa protección social son factores que afianzan esta situación, creando un entorno donde las usuarias más desfavorecidas no pueden hacer valer sus derechos ni obtener una tutela judicial equitativa.

   La investigación se enfoca en dilucidar cómo la aporofobia incide en el acceso a la justicia de las mujeres salvadoreñas en situación de pobreza. Mediante un enfoque interseccional, se analizarán las interacciones entre pobreza y género para comprender cómo estas formas de opresión se entrelazan. Este análisis busca no solo profundizar en el estudio de la exclusión social, sino proponer soluciones efectivas para este sector vulnerable.

   Los objetivos del estudio son identificar las dinámicas de aporofobia vinculadas a la pobreza y el género en El Salvador y analizar su impacto en el acceso a la justicia. Finalmente, se plantean recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema judicial y asegurar una protección efectiva de los derechos de las mujeres, contribuyendo así a la reducción de las desigualdades estructurales en el país.

2. Concepto de aporofobia

   La aporofobia, un término acuñado por la filósofa Adela Cortina, se refiere al rechazo, desprecio u hostilidad hacia las personas en situación de pobreza. Esta actitud negativa y discriminatoria no solo estigmatiza a los individuos afectados, sino que también contribuye a la creación de barreras estructurales y sociales que limitan su acceso a recursos esenciales, incluidos los servicios de justicia (Cortina, 2018). En el contexto salvadoreño, según el Informe sobre la violencia de género en El Salvador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019), las mujeres enfrentan altos niveles de violencia, con un promedio de diez feminicidios por mes. La CIDH también señala que las mujeres de comunidades rurales y empobrecidas tienen un acceso limitado a la justicia, lo que se traduce en una alarmante impunidad.

   En el estudio sobre el acceso a la justicia de mujeres en situación de violencia, la Asociación de Mujeres por la Paz (AMPR) (2020) destacó que el 70 % de las mujeres que sufren violencia de género no denuncian a sus agresores debido a la desconfianza en el sistema judicial y el miedo a represalias. Además, las mujeres de bajos recursos tienen menos posibilidades de acceder a abogados y servicios legales, lo que dificulta aún más su capacidad para buscar justicia.

   Según el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2012), las personas que viven en la pobreza tropiezan con enormes obstáculos, de índole física, económica, cultural y social, para ejercer sus derechos. La pobreza extrema genera impotencia, estigmatización, discriminación y exclusión que se superponen socialmente a la calidad humana, dificultando la garantía de los derechos humanos y promoviendo desigualdades estructurales y sistémicas en el orden social.

   Es necesario comprender que la pobreza afecta tanto a mujeres como a hombres; sin embargo, es desproporcionada en relación con el género de las personas, ya que la pobreza se vive de diferentes formas y en distintas escalas. En el caso de la presente investigación, se adoptará la perspectiva de las mujeres desde la interseccionalidad, se destacará cómo la aporofobia se conecta con otras formas de discriminación. Las mujeres en situación de pobreza enfrentan con frecuencia múltiples formas de discriminación asociadas a su condición económica, la zona geográfica en la que habitan, la edad, el origen étnico, la religión y el género. Las políticas y prácticas que omiten la dimensión de género tienden a profundizar la marginalización de las mujeres pobres. En este sentido, resulta imprescindible un análisis que integre de manera articulada la pobreza y el género en la formulación de políticas públicas, con el fin de garantizar un acceso equitativo a derechos y servicios, especialmente en el ámbito de la justicia y la protección de los derechos humanos.

3. Metodología

   Esta investigación tuvo como objetivo analizar las manifestaciones de aporofobia en el acceso a la justicia para las mujeres en El Salvador. Se adoptó un enfoque cualitativo que permitió profundizar en las experiencias, significados y percepciones de las mujeres respecto a su interacción con el sistema judicial, situando el análisis en su contexto de vulnerabilidad socioeconómica. El alcance del estudio se definió como exploratorio y explicativo: exploratorio, debido a la escasez de literatura específica sobre el tema en el ámbito nacional; y explicativo, pues busca comprender cómo la intersección entre pobreza y género erige barreras institucionales que perpetúan la exclusión y la injusticia.

   A pesar de la inexistencia de estudios exhaustivos sobre aporofobia y justicia en El Salvador, investigaciones internacionales ofrecen un marco de referencia pertinente. Gómez García, por ejemplo, documenta cómo el rechazo social afecta la interacción de las personas sin hogar con el sistema judicial, resaltando la brecha entre la percepción pública y la experiencia vivida de discriminación. En la misma línea, Sousa Damasceno aborda la protección penal frente a la aporofobia en España y Brasil. Estos antecedentes, aunque geográficamente distantes, proporcionan una base teórica sólida para examinar cómo los prejuicios hacia la pobreza vulneran la equidad judicial en contextos de alta precariedad.

4. Resultados

   A partir de la investigación documental, se identificaron varias manifestaciones de aporofobia en el acceso a la justicia para las mujeres en El Salvador. Las principales barreras incluyen:

   1. Desigualdad en el trato judicial: diversos estudios documentan que las mujeres en situación de pobreza son tratadas con indiferencia por parte de los funcionarios judiciales, quienes minimizan las denuncias sin una investigación adecuada. Esto genera desconfianza hacia el sistema judicial, al considerarlo inaccesible y parcial.
   2. Costos elevados y falta de representación legal: la literatura señala que los altos costos de los procesos judiciales y la escasez de abogados especializados en violencia de género dificultan el acceso de las mujeres a la justicia.

      En relación con este tema, la Dra. Lola Ocón Núñez, en su propuesta de actualización de la Política Institucional de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a la Justicia del Órgano Judicial de El Salvador, destaca la necesidad de promover cambios culturales y actitudinales, armonizar la legislación nacional con estándares internacionales, gestionar el talento humano con enfoque de igualdad y no discriminación, y fortalecer la coordinación entre instituciones del sector justicia. Estas acciones buscan mejorar los procesos judiciales y garantizar una respuesta efectiva a la violencia de género, especialmente aquellas de bajos recursos, generando continua discriminación.

   3. Prejuicios institucionales y estigmatización: se documenta que las mujeres pobres enfrentan estigmatización y prejuicios tanto por su género como por su condición económica. Estos prejuicios refuerzan la idea de que su pobreza las hace menos creíbles.

      Las barreras económicas y sociales que enfrentan las mujeres en situación de pobreza constituyen una de las manifestaciones más graves de la exclusión social. Este fenómeno afecta directamente su acceso a información crucial sobre sus derechos y sobre los mecanismos judiciales disponibles para hacerlos valer (Heim, 2015). En el caso de El Salvador, un informe de ORMUSA (2016) reveló una marcada brecha de género, indicando que el 52.6 % de las mujeres se encuentra en situación de pobreza frente al 47.4 % de los hombres.

      Si bien la pobreza suele percibirse desde una perspectiva puramente económica, resulta imperativo abordarla como un fenómeno multidimensional que impacta diversas áreas de la vida, incluido el acceso a la justicia (UNICEF, 2015). En este contexto, la aporofobia no solo margina a las mujeres económicamente, sino que refuerza formas de discriminación estructural que se manifiestan de manera crítica dentro de las instituciones. Esto no solo limita el acceso a recursos, sino que agudiza las desigualdades sistémicas, influyendo en el trato que reciben las mujeres y en la legitimidad que se otorga (o niega) a sus derechos durante los procesos judiciales.

      El rechazo hacia las personas empobrecidas trasciende las actitudes individuales; se plasma directamente en políticas públicas y prácticas institucionales que exacerban la desigualdad. Al respecto, Cortina (2018) analiza cómo estos prejuicios perpetúan la pobreza y consolidan estructuras socioeconómicas que, sistemáticamente, favorecen a los sectores privilegiados en detrimento de los grupos más vulnerables.

5. Discusión

   Los resultados corroboran las teorías actuales sobre la aporofobia, evidenciando su impacto desproporcionado en mujeres inmersas en contextos de exclusión socioeconómica. Se observa una interseccionalidad entre la discriminación por pobreza y la desigualdad de género, lo que genera una doble marginalización que bloquea el acceso efectivo a la justicia. Así, la aporofobia trasciende el rechazo individual para configurarse como una violencia estructural que vulnera específicamente a las mujeres.

   Una barrera crítica identificada es la carencia de defensa técnica especializada. La literatura confirma la insuficiencia de operadores jurídicos sensibilizados ante la violencia de género y la vulnerabilidad social. Esta precariedad se exacerba por factores económicos, los costos onerosos del litigio erigen un muro infranqueable para las mujeres en situación de pobreza. La incapacidad de solventar honorarios y costos procesales no solo limita su acceso, sino que profundiza su indefensión dentro del sistema judicial.

   Finalmente, los sesgos institucionales hacia la pobreza se revelan como manifestaciones patentes de aporofobia. Esta discriminación, institucionalizada en el sistema, provoca que las usuarias sean sistemáticamente desacreditadas y revictimizadas por los operadores de justicia. Tal dinámica alimenta los índices de impunidad en El Salvador, normalizando la desestimación de denuncias y la indiferencia estatal frente a la violencia contra la mujer.

   1. Relación con la literatura existente

      Estos resultados coinciden con estudios previos sobre la discriminación económica y de género en sistemas judiciales, como el trabajo de Pérez et al. (2018), quienes documentaron cómo las mujeres en situaciones de pobreza en países latinoamericanos enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia. Además, el análisis revela una intersección de opresiones, donde la pobreza y el género se combinan para crear un espacio donde las mujeres se sienten no solo ignoradas, sino también despreciadas por el sistema judicial. Este fenómeno ha sido abordado por autores como Crenshaw (1991), quien desarrolló la teoría de la interseccionalidad, señalando cómo las identidades múltiples pueden generar formas de discriminación complejas y difíciles de erradicar.

   2. Implicaciones para políticas públicas

      Los hallazgos de esta investigación sugieren la necesidad urgente de reformas judiciales en El Salvador, que incluyan políticas de sensibilización sobre la aporofobia y la discriminación estructural hacia las mujeres. Las reformas deberían centrarse en mejorar la representación legal para mujeres en situación de vulnerabilidad, reducir los costos asociados con el acceso a la justicia y capacitar a los funcionarios judiciales sobre los efectos de la pobreza y el género en las decisiones judiciales.

      Asimismo, se recomienda la creación de programas de sensibilización y capacitación dirigidos a jueces, fiscales y abogados, para que reconozcan y combatan activamente las formas de aporofobia presentes en el sistema judicial. Solo mediante estas reformas será posible garantizar un acceso equitativo a la justicia para todas las mujeres, independientemente de su situación económica.

   3. El impacto de la aporofobia en el acceso a la justicia en El Salvador

      Las mujeres en situación de pobreza en El Salvador, son objeto de estigmatización y marginación, lo que las coloca en una posición de desventaja frente a otros ciudadanos y limita su acceso a los recursos necesarios para la defensa de sus derechos (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz [ORMUSA], 2016).

      Tabla 1. Sexo y condición de pobreza en El Salvador

      Condición de pobreza	Mujeres	Hombres
      No pobreza	2 123 609	1 897 914
      Pobreza relativa	940 030	843 073
      Pobreza extrema	310 866	285 933
      Pobreza total	1 250 896	1 128 996

      Nota. ORMUSA 2016.

      Para comprender el impacto de la aporofobia en el acceso a la justicia para las mujeres salvadoreñas, es fundamental adoptar una perspectiva interseccional. Este enfoque reconoce que las experiencias de opresión y desigualdad no son unidimensionales; por el contrario, se entrelazan de manera compleja. En el contexto de El Salvador, la aporofobia se cruza con otras formas de desigualdad, como el género, la clase social, la etnicidad y la ubicación geográfica, lo que agrava aún más la situación de las mujeres en pobreza (Crenshaw, 1989).

      La interseccionalidad revela cómo la pobreza y el género no actúan como factores aislados, sino que convergen para crear una doble opresión que consolida la exclusión judicial de las mujeres. Esta dinámica genera una desventaja estructural e histórica particularmente visible en áreas rurales, donde las barreras físicas y económicas son críticas. Allí, la falta de servicios legales y el desconocimiento de derechos dejan a las mujeres desprotegidas frente a la violencia, sufriendo una doble agresión, la de su entorno social y la indiferencia del sistema de justicia.

   4. El rol de la aporofobia en la calidad de la defensa legal

      La aporofobia también influye en la calidad de la defensa legal que las mujeres en situación de pobreza reciben en el sistema judicial. Las mujeres que carecen de recursos económicos a menudo dependen de defensores públicos asignados por el Estado, quienes, debido a la sobrecarga de trabajo y a limitaciones de tiempo, no siempre pueden ofrecer una representación adecuada (Heim, 2015). Este escenario se agrava aún más cuando las mujeres, ya vulnerables por su situación socioeconómica, carecen de información sobre sus derechos legales, lo que limita aún más su capacidad para obtener una defensa efectiva.

      El desconocimiento de sus derechos y los mecanismos legales a su disposición crea un ciclo de desventaja, donde las mujeres no solo enfrentan barreras económicas, sino también una falta de acceso a la información necesaria para hacer valer sus derechos. En este sentido, es crucial abogar por reformas en el sistema de defensa pública para garantizar que todas las personas, independientemente de su situación económica o género, tengan acceso a una representación legal efectiva y de calidad (Heim, 2015).

   5. Perspectiva interseccional y aporofobia

      La globalización económica de las últimas décadas ha generado enormes riquezas para un reducido grupo privilegiado, al tiempo que ha consolidado sistemas de exclusión y desigualdad para las grandes mayorías. En este contexto y según la Alianza Mundial para la Diversidad de las Mujeres (AWID, 2004), quienes controlan las políticas neoliberales no solo favorecen la concentración de la riqueza, sino que también refuerzan prácticas de racismo, intolerancia y discriminación, particularmente hacia las mujeres.

      Esta dinámica contribuye directamente a la precarización del empleo femenino, limitando sus oportunidades de formación profesional y negándoles el acceso a información vital sobre sus derechos humanos. Asimismo, la falta de una representación igualitaria en las instituciones gubernamentales, sumada a la escasez de recursos y apoyo estatal, termina por agudizar su situación de pobreza y exclusión social.

      Desde la perspectiva interseccional, es crucial reconocer que la opresión que enfrentan las mujeres no puede analizarse de manera homogénea. Este enfoque permite comprender cómo las experiencias varían según la confluencia de identidades múltiples, diversificando las formas de discriminación. Así, la pobreza, el género y otras categorías sociales —como la etnicidad y la ubicación geográfica— no solo se suman, sino que amplifican las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia (Heim, 2015).

      Según Heim (2015), la violencia de género y el acceso a la justicia están intrínsecamente vinculados, siendo el factor económico uno de los determinantes principales. En este contexto, la aporofobia actúa como un agravante que intensifica las barreras económicas preexistentes, configurando un entorno judicial donde las mujeres de bajos recursos enfrentan obstáculos desproporcionados. Integrar este análisis con la visión interseccional de Crenshaw y Heim permite una comprensión más profunda de las falencias del sistema judicial salvadoreño frente a la pobreza y el género. Esto subraya la urgencia de abordar tanto las carencias materiales como las actitudes discriminatorias para garantizar un acceso a la justicia verdaderamente equitativo.

      Si bien las barreras descritas responden a patrones estructurales universales, su manifestación varía según el contexto socio jurídico. La literatura comparada nos permite identificar similitudes preocupantes en el trato que reciben las mujeres en situación de pobreza en diferentes latitudes. Para contextualizar lo anterior, se presentará un análisis comparativo entre la experiencia internacional y la situación específica de El Salvador.

   6. Caso Fernanda Nájera

      El caso de Fernanda Nájera ha conmocionado a la sociedad salvadoreña al exponer la profundidad de las grietas en el acceso a la justicia. Tras ser víctima de feminicidio a manos de su expareja, el proceso judicial que debía esclarecer los hechos se convirtió en un escenario de corrupción y negligencia. El acusado, aprovechando una serie de maniobras legales irregulares, logró evadir la acción de la justicia, beneficiándose de una alarmante complicidad institucional.

      Se documentó la participación de actores clave, incluyendo un exfiscal y un médico, quienes intervinieron para dilatar el proceso, permitiendo así que el agresor se convirtiera en prófugo. Esta colusión impidió el avance de la causa y generó una profunda indignación social ante la evidente desprotección de la víctima. Según Ortiz (2020), el caso de Fernanda plantea interrogantes urgentes sobre la ética de las instituciones encargadas de velar por las mujeres, subrayando la necesidad de medidas que frenen la impunidad y garanticen una reparación efectiva para las familias afectadas.

      El caso de Fernanda Nájera no es un hecho aislado, sino que ilustra cómo el privilegio económico del agresor y la vulnerabilidad de la víctima configuran el acceso a la justicia. Mientras que el victimario capitalizó su posición para evadir la ley mediante maniobras dilatorias, la respuesta estatal evidenció una marcada aporofobia institucional, desprotegiendo a la víctima y a su familia. Esta dinámica confirma lo planteado por Heim (2015), las desigualdades estructurales y económicas no son ajenas al proceso judicial, sino que determinan su celeridad y eficacia.

      Resulta alarmante constatar que estas deficiencias persisten a pesar de la existencia de jurisprudencia internacional vinculante. Un precedente ineludible es el caso María Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala. Aunque data de los años 90, comparte similitudes estructurales con el caso Nájera, violencia previa denunciada, inacción estatal y posterior feminicidio. En su sentencia de 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció la obligación estatal de garantizar una investigación oficiosa, diligente e imparcial, subrayando que la negligencia judicial agrava la vulnerabilidad de las víctimas.

      Aunque han pasado décadas desde el fallo Morales de Sierra en Guatemala, la realidad salvadoreña evidencia una profunda brecha en la implementación de estándares internacionales de protección. El caso Nájera demuestra que, sin reformas profundas que neutralicen la influencia del poder económico y combatan la aporofobia, el sistema de justicia en El Salvador sigue permitiendo que el estatus socioeconómico de los acusados prime sobre la debida diligencia. En estas condiciones, los estándares internacionales siguen siendo letra muerta para las mujeres en situación de vulnerabilidad.

   7. Caso Imelda Cortéz: la criminalización de la vulnerabilidad

      El caso de Imelda Cortéz constituye un ejemplo de cómo el sistema judicial salvadoreño criminaliza a las mujeres pobres, transformando una emergencia obstétrica en un delito doloso. Imelda, víctima de abuso sexual recurrente por parte de su padrastro desde la infancia y desprotegida por un entorno familiar de encubrimiento, enfrentó un parto extrahospitalario en condiciones de extrema precariedad, en una letrina y sin asistencia médica (Centro de Estudios de la Mujer [CEMUJER], 2019).

      Lejos de recibir la atención sanitaria y psicológica que su estado de vulnerabilidad requería, la respuesta estatal fue punitiva. Las autoridades judiciales, exhibiendo una nula comprensión del contexto, la acusaron de intento de asesinato debido a las circunstancias del parto, ignorando que la caída del bebé fue producto de una emergencia física y no de una voluntad criminal (Corte Suprema de Justicia de El Salvador, 2020). Este enfoque evidenció un sesgo patriarcal que desestimó el historial de violencia sexual sufrido y centró la persecución penal en la víctima, quien permaneció encarcelada por más de un año mientras el agresor y sus cómplices gozaban de impunidad. Como señala Heim (2015), esta dinámica demuestra cómo el sistema no solo falla en proteger, sino que institucionaliza la revictimización y fortalece los ciclos de abuso.

   8. Análisis comparado: caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador

      La violencia institucional sufrida por Imelda encuentra similitudes en el caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En dicho proceso, la Corte condenó la negligencia estatal frente a la violencia sexual sufrida por adolescentes en el ámbito educativo y familiar, destacando cómo la falta de debida diligencia afecta desproporcionadamente a niñas en situación de pobreza (CIDH, 2019).

      Ambos casos revelan un patrón regional de discriminación interseccional, las víctimas —mujeres jóvenes y pobres— son culpabilizadas por los crímenes que sufren o por las consecuencias de estos. Tanto en El Salvador como en Ecuador, la aporofobia y los estereotipos de género actuaron como barreras para la justicia, desplazando la responsabilidad del Estado y de los agresores hacia las propias sobrevivientes. La jurisprudencia de la CIDH (2019) y el análisis de Heim (2015) coinciden en que es imperativo reformar estas estructuras judiciales para que, en lugar de juzgar desde el prejuicio moral, adopten un enfoque reparador que reconozca la complejidad de la violencia sexual y garantice la no repetición.

   9. Mujeres desaparecidas: entre la estigmatización y la inacción estatal

      Las cifras revelan una crisis de seguridad pública con un claro sesgo de género. Según el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de ORMUSA (2022), el año 2021 cerró con un aumento del 26.2 % en los avisos de desapariciones de mujeres respecto al año anterior. El hecho de que aproximadamente un tercio de todos los reportes correspondan a mujeres evidencia la magnitud del fenómeno y la imperiosa necesidad de estrategias preventivas robustas.

      Sin embargo, la respuesta institucional ante estas denuncias suele estar viciada de origen. Una práctica común en las etapas iniciales de la investigación —incluso tratándose de menores de 18 años— es la presunción automática de que la desaparición fue voluntaria o motivada por razones sentimentales. Este prejuicio, criticado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019), minimiza el contexto de criminalidad en la región y retrasa injustificadamente la búsqueda. Dicha inacción contraviene los estándares de la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a actuar con debida diligencia. Como señalan Recinos y Calderón Gamboa (s.f.) y Medrano (2021), la respuesta inadecuada ante estos hechos puede derivar en responsabilidad internacional del Estado, dado que la desaparición de mujeres constituye una violación grave de derechos humanos, pluriofensiva y persistente.

      Esta negligencia estructural se materializó trágicamente en el caso de Rosa Elvira Flores, lideresa y defensora de derechos humanos. Según reportó la Agencia AFP (2024), Flores fue reportada como desaparecida y posteriormente hallada sin vida en un cañaveral, un hecho que expuso la desprotección que enfrentan las activistas en El Salvador. A pesar de su labor incansable por la igualdad de género y las condiciones de vida de su comunidad, el Estado falló en garantizar su seguridad, dejando a seis hijos en la orfandad y evidenciando la insuficiencia de los mecanismos de protección actuales.

      El patrón observado en el caso de Rosa Elvira guarda estrechas similitudes con el caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala (2017). En dicho precedente, la CIDH condenó al Estado guatemalteco por la falta de debida diligencia en la búsqueda de una maestra que, enfrentando dificultades económicas, desapareció sin que las autoridades actuaran de inmediato. En ambos escenarios, la respuesta estatal estuvo condicionada por estereotipos de género y prejuicios culturales que normalizaron la ausencia de las víctimas, asumiendo motivos personales en lugar de investigar posibles delitos.

      Finalmente, estos casos ilustran cómo la aporofobia opera como un filtro discriminatorio en la administración de justicia. Existe un doble estándar perceptible, cuando desaparece una mujer de alto nivel socioeconómico, la hipótesis institucional tiende hacia el secuestro o la violencia, activando protocolos inmediatos. Por el contrario, cuando la víctima es una mujer en situación de pobreza, prevalece la suposición de que «huyó por pasión» o problemas familiares, desestimando el riesgo real de feminicidio o trata. Esta distinción basada en la clase social no solo revictimiza a las mujeres pobres, sino que perpetúa un ciclo de impunidad donde la diligencia estatal depende del estatus económico de quien desaparece.

6. Conclusiones

   La investigación evidencia que el Estado salvadoreño enfrenta desafíos estructurales para erradicar la aporofobia y la discriminación interseccional, factores que limitan severamente el acceso de las mujeres a una representación legal digna. Aunque existen avances legislativos orientados a la protección de grupos vulnerables, persiste una brecha significativa entre la norma y la práctica. Como advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2020), la eficacia del derecho no depende únicamente de su promulgación, sino de su implementación efectiva en la realidad nacional.

   Para cerrar esta brecha, resulta imperativo institucionalizar la formación constante de los operadores de justicia bajo los estándares internacionales de derechos humanos. Tal como señala la CIDH (2017), la capacitación continua es clave para sensibilizar a funcionarios sobre las desigualdades estructurales, permitiendo resoluciones libres de prejuicios y una administración de justicia verdaderamente imparcial. Asimismo, es fundamental implementar políticas que aseguren un juicio justo y fortalezcan la confianza en el sistema, lo cual requiere, según Medrano (2021), una difusión clara y accesible de los derechos para reducir la opacidad institucional y fomentar la empatía en el trato a las víctimas de violencia de género.

   En el ámbito preventivo y social, la educación juega un rol central. De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 2021), la sensibilización y el conocimiento del marco legal son esenciales para deconstruir entornos discriminatorios. Una ciudadanía informada no solo es capaz de exigir sus derechos, sino que, como indica Fajardo (2020), se convierte en un actor activo en el fortalecimiento de la gobernanza democrática y la mejora de la calidad de vida comunitaria.

   Finalmente, ante la eventual ineficacia o agotamiento de las instancias nacionales, es crucial reconocer la vía supranacional. El acceso a la justicia internacional constituye un recurso fundamental y una garantía de cierre para la protección de los derechos de las mujeres y otros grupos vulnerables cuando el Estado falla en su mandato (Recinos & Calderón Gamboa, s.f.). En suma, erradicar la aporofobia judicial requiere un esfuerzo conjunto, reformas institucionales profundas, educación ciudadana y la vigilancia constante de los mecanismos internacionales de protección.

   Agradecimientos

   Deseo expresar mi más sincero agradecimiento MSc. Obed Portillo, por ser una fuente constante de motivación en mi crecimiento profesional y por su invaluable aporte de conocimientos, los cuales han enriquecido significativamente mi trayectoria. Asimismo, extiendo mi profunda gratitud a mis estimados colegas y amigos de siempre, el Dr. Carlos Ayala y la MSc. Tatiana Angulo, por su apoyo incondicional y su acompañamiento durante este proceso.

7. Referencias

   Agencia AFP. (2024, 29 de marzo). Activista de derechos de la mujer es hallada muerta en El Salvador. Listín Diario. https://listindiario.com/las-mundiales/20240329/activista-derechos-mujer-hallada-muerta-salvador_801937.html

   Asociación de Mujeres por la Paz. (2020). Estudio sobre el acceso a la justicia de mujeres en situación de violencia.

   Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo. (2004). Interseccionalidad: Una herramienta para la justicia de género y la justicia económica.

   Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1998). Informe No. 28/98, Caso 11.625: María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala). https://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Guatemala11.625.htm

   Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Informe sobre la violencia de género en El Salvador.

   Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017, 24 de agosto). Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf

   Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2020, 24 de junio). Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador (Sentencia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

   Corte Suprema de Justicia de El Salvador. (2022). Política institucional de igualdad de género y acceso de las mujeres a la justicia. https://www.csj.gob.sv/politica-institucional-de-igualdad-de-genero-y-acceso-de-las-mujeres-a-la-justicia/

   Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia. Paidós.

   Damasceno, A. de S. (2022). Protección penal contra la aporofobia en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Un paralelo entre la realidad española y brasileña. Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos, (6), 231–260. https://doi.org/10.25267/REJUCRIM.2022.i6.08

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