En el laberinto del minotauro: la ética en la función pública

In the minotaur’s labyrinth: ethics in public service

Luis Antonio Tobar Quintero

El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente

luis.tobar@ues.edu.sv

https://orcid.org/0000-0002-3620-6989

Resumen

El problema de la ética en la función pública es un tema muy complejo de tratar en la sociedad salvadoreña, debido a sus implicaciones dentro de la política y de la misma institucionalidad. Las redes de corrupción, vuelven ineficientes a los Estados en cuanto a la elaboración de políticas públicas, por la gran cantidad de fondos malversados, abuso de poder e incumplimiento de las leyes. Dicho lo anterior, el objetivo del artículo es estudiar los problemas de la ética en la administración pública, abordado desde la teoría de la práctica para la cual los actores sociales establecen sus relaciones con el mundo fundamentalmente a través de la práctica. Por ello, los problemas éticos y morales están asociados a este entramado de prácticas y relaciones sociales vinculadas a favores políticos de dar, recibir y devolver. La metodología utilizada para estudiar violaciones a la ética mediante las redes de clientelismo político, fue el estudio de casos, seleccionados de las noticias publicadas por La Prensa Gráfica en la base de datos vLex del sistema bibliotecario de la Universidad de El Salvador y los casos resueltos por el Tribunal de Ética Gubernamental. Por lo tanto, se formula la siguiente pregunta ¿de qué manera se irrespeta la ética por parte de los funcionarios públicos en la sociedad salvadoreña?

Palabras clave: administración pública, corrupción, ética, política gubernamental, transparencia.

Abstract:

The problem of ethics in public service is a highly complex issue in Salvadoran society due to its implications for politics and the very institutions themselves. Corruption networks render states inefficient in developing public policies because of the large amount of misappropriated funds, abuse of power, and disregard for the law. Therefore, this article aims to study ethical problems in public administration from the perspective of practice theory, which posits that social actors establish their relationships with the world primarily through practice. Consequently, ethical and moral problems are associated with this web of practices and social relationships linked to political favors involving giving, receiving, and reciprocating. The methodology used to study ethical violations through networks of political patronage was a case study, selecting cases from news articles published by La Prensa Gráfica in the vLex database of the University of El Salvador’s library system and from cases resolved by the Government Ethics Tribunal. Therefore, the following question is posed: In what way is ethics disrespected by public officials in Salvadoran society?

Keywords: corruption, ethics, government policy, public administration, transparency.

1. Introducción

   El problema de la ética en la función pública es un tema muy complejo de tratar en El Salvador, debido a sus implicaciones dentro de la política y sus estructuras cooptadas por grupos de poder. Las redes de corrupción, vuelve ineficiente a los Estados en cuanto a la elaboración de políticas públicas, por la gran cantidad de fondos malversados por funcionarios deshonestos.

   Los factores vinculados a dicha problemática son de carácter multidimensional y no solamente al factor económico de utilidad-costo. Desde una perspectiva socioantropológica los fenómenos relacionados a los problemas de la moral, están vinculados con el clientelismo político, el cual se ha creado a través de las prácticas y relaciones sociales partidarias mediante la cooptación de lideres en el aparataje estatal, tal como lo expresa Luján (2023) y Escobar (2005).

   El objetivo del artículo es estudiar los problemas de la ética en la administración pública, abordado desde la teoría de las prácticas sociales de Bourdieu (2012), para quien los actores sociales establecen sus relaciones con el mundo a través de la práctica. En este sentido, la corrupción se asocia a este entramado de prácticas y relaciones sociales vinculadas a favores políticos basados en el dar, recibir y devolver. Es decir, mediante la creación de vínculos sustentados en el clientelismo político.

   Dos de los estudios más importantes sobre la ética son los elaborados por Segundo Montes (1979), en su estudio sobre el compadrazgo como una estructura de poder, en la cual se van creando redes de clientelismo político, mediante relaciones familiares hasta llegar a prácticas políticas institucionales. Luján (2023) estudia el clientelismo político desde una perspectiva socioantropológica, mediante las relaciones establecidas entre los actores sociales desde su práctica. Además, este mismo autor, en un estudio desarrollado en 2002, aborda el concepto de la ética, las teorías morales modernas y posmodernas, señalando que los problemas de la moral deben analizarse desde una ética metafísica y una ética práctica; es decir, desde una postura teórica y, al mismo tiempo, desde las implicaciones de su aplicación en la sociedad actual.

2. Metodología

   La metodología utilizada para este estudio fue abordada desde el enfoque cualitativo, mediante la revisión de fuentes secundarias, tales como libros, artículos de revista, entre otros. Asimismo, se aplicó el estudio de casos, seleccionados de las noticias publicadas por La Prensa Gráfica en la base de datos vLex del Sistema Bibliotecario de la Universidad de El Salvador y los casos resueltos por el Tribunal de Ética Gubernamental. En total se seleccionaron ocho casos emblemáticos de corrupción, realizados por distintos políticos y funcionarios de gobierno.

3. Resultados y discusión
   1. Una aproximación al concepto de ética, corrupción y transparencia

      El estudio de la ética ha sido debatido desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. La ética como disciplina se ha vinculado con los aportes de sus principales estudiosos, entre ellos Aristóteles, quien la relacionó con la idea de la virtud o areté. En palabras de Aranguren (1990), la ética se ha interpretado como una forma normativa del comportamiento humano, orientada a discernir lo bueno y lo malo de las acciones. Sin embargo, esta afirmación resulta general, ya que no profundiza en el sentido estricto de la moral humana ni en la búsqueda de la virtud, entendida como el compromiso del ser humano con un accionar ejemplar.

      En este sentido, el estudio de lo bueno y lo malo o de la filosofía moral, debe ir más allá de los juicios morales. Comprender la ética desde una filosofía moral crítica, implica, en opinión de Frankena (1965):

      La filosofía moral se origina cuando, como Sócrates, pasamos más allá de la etapa en la que nos guiamos por normas tradicionales y aún más allá de la etapa en la que estas normas se han interiorizado tanto en nosotros que podemos decir que nos guiamos interiormente, a la etapa en que pensamos en términos críticos y generales por cuenta propia… (p. 5).

      La posición sostenida por el autor significa que debemos analizar las acciones humanas con una reflexividad crítica, más allá de lo normativo o tradicional de lo bueno y malo. Interpretar los juicios morales, es decir, comprender por qué una persona actúa de determinada forma y en qué contexto lo hace, implica necesariamente entender la moralidad social en la que se desenvuelven las personas y el efecto de la moral dominante. Del mismo modo, el estudio de la moral a través de la ética no puede desprenderse del carácter social del ser humano; es decir, debe comprenderse la sociedad en la que este se desarrolla en relación con otros individuos (Marlasca, 1999).

      La ética entonces, es un tipo de investigación o explicación del comportamiento humano, considerado en su totalidad (Sánchez, 1969). Con ello, el autor explica que el estudio de las normas morales entendida desde la ética, debe tener la capacidad de explicar los problemas morales en las sociedades modernas, auxiliándose de la teoría desarrollada desde tiempo atrás.

      Así pues, los problemas sobre la transparencia y la corrupción, pueden ser estudiados, no solo desde la exclusividad moral, sino desde el cumplimiento de las normas de los funcionarios públicos en cualquiera de los órganos estatales. Por lo tanto, los fundamentos teóricos desarrollados por diferentes estudiosos de la moral, López (2020); Chul Han (2013); Luján (2023), deben ser aplicados por la normativa institucional de cada país. Sin embargo, para el filósofo polaco Bauman (2005), se ha llegado a una sociedad posdeóntica, en la cual prevalece un enfoque minimalista de lo ético donde las reglas de la moralidad se han diversificado y han alcanzado una pluralidad nunca antes vista, por ello expresa:

      Lo que ha llegado a asociarse con el enfoque posmoderno de la moralidad es la celebración de la «debacle de lo ético», la sustitución de la estética por la ética y la consiguiente «emancipación última». La ética se denigra o se considera una de las restricciones típicas de la modernidad, cuyas cadenas finalmente han sido rotas y echadas al basurero de la historia; los grilletes antes considerados necesarios son ahora claramente superfluos: una ilusión sin la cual pueden vivir perfectamente el hombre y la mujer actuales (p. 8).

      Bajo esta lógica, los valores, la familia o los grandes metarrelatos adquieren nuevos significados en la sociedad actual. Lo importante a rescatar en el análisis del autor, es ofrecer soluciones adecuadas a estos tiempos, por parte del nuevo ethos posmoderno. En otras palabras, la ética debe responder a los nuevos problemas ocasionados por la moral del nómada, cambiante de un instante a otro, atentando con toda la solidez que propugnaba la modernidad.

      Partiendo de la problematización del concepto de ética antes expuesta, las sociedades atraviesan por dos de los mayores problemas, cuya atención se ha vuelto una necesidad en los últimos 20 años, los cuales son: la corrupción y la transparencia. No es un secreto la falta de transparencia en los gobiernos y la rendición de cuentas a la ciudadanía, lo cual ha motivado la creación de leyes para combatir dicho flagelo.

      En el análisis del filósofo coreano-alemán Chul Han (2013) uno de los mayores debates ha sido la transición de una sociedad en la que la negatividad se desmonta hacia una sociedad de la transparencia o sociedad positiva. En el discurso público lo que más se debate es sobre la exigencia de una sociedad transparente, alejada de todo tipo de fetiche. Al mismo tiempo, esta sociedad demanda el acceso a dicha transparencia la cual el autor la compara con la idea de la caverna de Platón, donde la luz no es vista por los espectadores:

      Los que allí se hallan cautivos están sentados ante un escenario como los espectadores del teatro. Entre ellos y el fuego a sus espaldas transcurre un camino y, a lo largo de este camino hay un muro bajo, semejante a los tabiques que los charlatanes ponen entre ellos y los espectadores, para ocultarles la combinación y los resortes secretos de las maravillas que hacen… (p. 73).

      Lo anterior hace alusión a la metáfora de los actores (gobierno, municipalidades) en relación a los espectadores (ciudadanía), quienes esperan de los primeros la rendición de cuentas mediante el acceso a la información. Sin embargo, solo hay una ilusión de sombras, las cuales no permiten ver la luz. En esa lógica, en la actualidad se habla de transparencia, pero no se revela toda la información a la ciudadanía y es ahí donde está el problema.

      Considerando lo anterior para efectos de este artículo, se define transparencia «como aquel ambiente en el cual las responsabilidades y relaciones de las entidades con responsabilidades públicas se establecen de forma clara, veraz y abierta al escrutinio público y la participación ciudadana» (Escobar, 2005, p. 21).

      Asimismo, se establece el concepto de transparencia, definido como uno de los principios de la Ley de Ética Gubernamental, en la cual se define como «Actuar de manera accesible para que toda persona natural o jurídica, que tenga interés legítimo, pueda conocer si las actuaciones del servidor público son apegadas a la ley, a la eficiencia, a la eficacia y a la responsabilidad» (p. 4).

      Partiendo de lo anterior, se procede a definir el concepto de corrupción, el cual está ligado a la falta de rendición de cuentas ante la ciudadanía en el ejercicio de la función pública. Pese a la existencia de una ley, su cumplimiento ha generado mucha discusión en el ámbito público, debido a las investigaciones contra funcionarios de distintos gobiernos en los últimos veinte años.

      Un primer acercamiento al concepto de corrupción es el establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2004) en la Convención contra la Corrupción, define este término como:

      Una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana (p. 3).

      Hay tres elementos a rescatar de la definición de corrupción elaborada por la ONU. El primero es que esta daña los Estados de derecho; el segundo, que socava los procesos de democratización y el tercero, que fortalece la delincuencia. Por ello, debe hacerse un fuerte énfasis en fortalecer los procesos de transparencia en el manejo de los fondos públicos. No en vano, Klitgaard, citado por Escobar (2005), explica la corrupción desde el punto de vista de los motivos y las oportunidades: los bajos salarios de los servidores públicos los inducen a malversar fondos, y las oportunidades se presentan debido al escaso control de los fondos públicos por parte de las entidades responsables.

      Tomando en cuenta el punto de vista anterior, el fenómeno de la corrupción se relaciona con lo público y el manejo eficiente de los recursos del Estado, en tal sentido Velasco (2013) expone:

      Por corrupción se entiende una violación de las reglas y de las normas asociadas a lo que se percibe como interés general de la sociedad política en un momento dado, en el curso de un intercambio clandestino entre los mercados social, político y económico… (pp. 41-42)

      Así pues, el fenómeno de la corrupción no distingue ideologías, etnias ni clases; cualquiera puede saquear las arcas del Estado, si no se aplican los mecanismos de control y transparencia adecuados. El mal uso de los fondos públicos afecta la implementación de políticas públicas en beneficio de toda la sociedad. Bajo esa lógica, la existencia de los tres órganos de gobierno debe permitir que cada uno actúe como contralor de los otros, situación que muy pocas veces funciona en los países subdesarrollados.

      En el fenómeno de la corrupción, mediante relaciones jerárquicas de poder, se presenta el uso indebido de los recursos. Villoria (2019) menciona los elementos relacionados con este fenómeno:

      1. Las relaciones de poder
      2. Abusos de poder (falta de una moral)
      3. Beneficio propio de los recursos
      4. Beneficio privado (favorecer con la corrupción a un partido político). (pp.17-18)

      Esta concatenación de elementos ha sido evidenciada en casos comprobables de corrupción en el país. La posición de los funcionarios, desde el presidente, ha permitido durante décadas el saqueo de los bienes públicos. Con ello se plantea el problema como un fenómeno de carácter histórico en el país, por medio del clientelismo político.

      El problema de la ética y la moral ha sido abordado desde dos grandes paradigmas, los cuales han intentado explicar el fenómeno en la actualidad. El primero es el de la autoconservación que, en opinión de Merino (2017), se basa en la desvinculación de los sujetos entre sí y en la promoción de conductas individuales en beneficio de sus propios intereses. Maquiavelo y Hobbes, sus dos representantes, plantean ideas en las cuales se mantiene un orden armonioso, cuyos intereses del más fuerte se imponen a través de la mediación del Estado.

      En dicha lógica, el ejercicio de la transparencia esta mediado por el poder del más fuerte y sus intereses. Los modelos gubernativos son mediados desde Hobbes en un contrato donde los hombres aceptan ser gobernados por las élites a costa de respetar lo impuesto desde los fuertes, haciendo a un lado los valores morales de la colectividad. Fue en respuesta a esa pérdida de la moral y la eticidad, el surgimiento del paradigma del reconocimiento recíproco en Hegel. Para este autor, el reconocimiento solo puede llevarse a cabo mediante una conexión ética de la organización social en la cual se respete la libertad de todos los ciudadanos.

      Por ende, la lucha generada por el reconocimiento (contradicción) se resuelve cuando cada una de las autoconciencias se reconocen una de la otra y esto genera la unidad universal, en la cual ambos aceptan las reglas que norman la sociedad promoviendo una convivencia dentro de la esfera del Estado reconociendo la posición de cada autoconciencia en la sociedad. Por lo tanto, el problema de la ética, debe abordarse en opinión de López (2020) desde una visión metafísica y una práctica, es decir, revisando los postulados teórico-conceptuales, así como la aplicación práctica de la misma en los diversos problemas de la moralidad dentro de la sociedad.

   2. La ética en la función pública en El Salvador: estudio de casos

      El estudio de la ética en la función pública ha sido, y continúa siendo, un problema histórico en diversas latitudes del planeta. La función pública implica un manejo responsable de los fondos públicos de un Estado, con la intención de generar políticas públicas en favor de la población. Desde esta óptica Manjarrez (2007) afirma «así, en el desempeño de sus responsabilidades, el servidor público debe conciliar sus principios éticos con los de la sociedad en su conjunto». (p. 207)

      La adecuada actuación de los funcionarios públicos, establece la calidad de un buen gobierno, ya que cumple con las normas éticas y transparenta el gasto de los fondos. Sin embargo, en el país, la falta de transparencia y la corrupción han estado a la luz del día en todos los gobiernos hasta la actualidad.

      Pese a la existencia de legislación en materia de Ética Gubernamental y de acceso a la información en El Salvador, los ciudadanos no pueden jugar su papel de contralor de los gastos públicos por la falta de información. El primer caso expone lo grave del problema:

      Caso N.° ١

      «A $٥٨ ٣١٠, ٤٠ asciende lo que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha impuesto en multas por transgresiones a deberes y prohibiciones que establece la Ley de Ética Gubernamental (LEG) cometidas en el último año». (Pacheco, ٢٠٢٠, párr.١).

      Hay una multiplicidad de causales, las cuales provocan violaciones a la ética en la función pública, entre ellas: individualismo y competencia o acumulación de bienes. Estas acciones perversas afectan el patrimonio público al beneficiarse un reducido grupo de personas. Otra de los casos sancionados por el Tribunal de Ética Gubernamental (de aquí en adelante, TEG) fue el siguiente:

      Caso N.° ٢

      El ١.º de junio de ٢٠١٥, la prima y el hermano de la diputada Cristina López, del Partido de Concertación Nacional (PCN), fueron contratados en la Asamblea Legislativa, según investigación que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) tiene en contra de la legisladora y con la cual busca determinar si la funcionaria ha violado la Ley de Ética Gubernamental (Meléndez, ٢٠١٨, párr. ١).

      Los motivos de la corrupción, pueden presentar un carácter patológico en las sociedades actuales, a tal punto que los funcionarios públicos hacen uso de su poder para contratar familiares o amigos en los órganos de gobierno. La LEG establece el conflicto de intereses cuando un servidor público hace prevalecer su interés personal y el de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad para otorgarle algún puesto dentro de la administración pública. Esta misma lógica apunta el siguiente ejemplo:

      Caso N.° ٣

      El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) confirmó, por medio de sus redes sociales, que realizará investigaciones preliminares ante casos de nepotismo señalados contra el diputado Guillermo Gallegos, a quien se le acusa de contratación de hasta ١١ familiares en la Asamblea Legislativa, así como el cobro de salarios no devengados del que es acusada la exdiputada pecenista Cristina López, quien a su vez dijo que la fracción del PCN realizó contrataciones de personas que no asisten a laborar al ente legislativo (Campos, ٢٠٢٠, párr. ١).

      Garantizar la transparencia y fortalecer el buen gobierno, implica rendir cuentas del gasto público y con ello, la ciudadanía debe estar informada y exigir a cada funcionario una actitud moral dentro del Estado. En ese sentido, Feijó y Martins (2020) plantean la eficiencia y la canalización de las demandas de la población en cuanto a la disponibilidad de recursos para solventar sus problemas. De este modo, la ciudadanía está consciente del actuar de los funcionarios que le representan en el gobierno.

      Caso N.° ٤

      El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) condenó a la comisionada presidencial y ex coordinadora del programa de becas FANTEL, Carolina Recinos, con una multa de ocho salarios mínimos, equivalentes a $٢ ٤٣٣ ٣٦, por diferentes violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, según informó dicho Tribunal. La resolución afirma que «la infracción a ese deber ético se configuró cuando la señora Martha Carolina Recinos de Bernal no se excusó formalmente y, por el contrario, intervino en el acto de autorización de beca solicitada por su nuera, obviando que la relación de parentesco entre ambas le proscribía hacerlo, por el conflicto de intereses que planteaba» (Mondragón, ٢٠٢٣, párr. ١)

      Dentro de la corrupción en los gobiernos, esta puede presentarse, en palabras de Bautista (2009) en dos actores principales: los políticos y los administrativos. Quizá el de mayor influencia sea el presentado en los políticos y su influencia en los ministerios gubernamentales para favorecer a sus familiares o enriquecerse ellos mismos, de esta forma se pueden identificar otros factores macro sociológicos de la problemática: factores políticos, económicos, administrativos, sociales, etc. Los siguientes casos ejemplifican lo anterior:

      Caso N.° ٥

      Representantes de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) interpusieron ayer ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) una demanda contra los diputados Reynaldo Cardoza, del PCN, y Carolina Rodríguez, de ARENA, por haber dado sus votos para aprobar reformas de las cuales ellos o sus allegados recibirían beneficios (Pacheco, ٢٠١٧, párr. ١).

      Caso N.° ٦

      El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió un proceso sancionatorio contra el director de Centros Penales, Osiris Luna, tras ser denunciado por transgredir dos artículos de la Ley de Ética Gubernamental. Para que ese proceso fuera abierto pasaron 10 meses, ya que fue en febrero de este año cuando el miembro del partido Nuestro Tiempo, Juan Valiente, presentó la demanda por supuestas faltas a la Ley cometidas por Osiris Luna, luego de un viaje realizado a México en octubre del año pasado, en un avión privado (Urbina, 2020, párr. 1).

      La malversación de fondos en todo Estado, ocurre porque los mecanismos de control del Estado son débiles. Lo que se busca al colocar servidores públicos éticamente correctos es lograr una eficiencia y eficacia en sus tareas, esto da lugar a una mayor confianza y credibilidad de parte de la ciudadanía. Peña (2013) establece los siguientes criterios para que un funcionario pueda ocupar un cargo público, los cuales son: capacidad para el cargo, principio del bien común, disciplina, eficiencia, espíritu de servicio, honestidad, lealtad, mejora continua, etc.

      Lo anterior, parece ser una búsqueda utópica de servidores y funcionarios comprometidos con la ciudadanía, la rendición de cuentas y la transparencia, donde todos los gastos de las carteras de Estado, se pongan a disposición de la población común y corriente. Por ello, una de las tareas de la sociedad salvadoreña, es ser un contralor eficaz del gasto público, cuyos mecanismos deben hacerse cumplir, para lograr dicha meta. Los siguientes casos muestran el grado corrupción todavía existente en la sociedad salvadoreña:

      Caso N.° 7

      El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rubén Meléndez pidió la palabra en la sesión del ٢٥ de septiembre de ٢٠١٩ para proponer al pleno la contratación de dos colaboradores para su despacho. A menos de dos meses de haber asumido su cargo como propietario, el magistrado solicitó nombrar a su cuñado William Antonio Ramírez Chacón como motorista y, de forma unánime, el organismo colegiado aprobó la petición (Villaroel, ٢٠٢٣, párr. ١).

      Caso N.° ٨

      En su informe de rendición de cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) se refirió al caso ocurrido en el Hospital Rosales y por el que fueron sancionados 16 médicos. Los doctores, a los que el TEG hace parte de una red, cometieron una prohibición ética que está establecida en el artículo 6, letra c), de la Ley de Ética Gubernamental y que explícitamente dice: «percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado, cuando las labores deban ejercerse en el mismo horario, excepto las que expresamente permita el ordenamiento jurídico» (Pacheco, 2019, párr. 1).

      Estos últimos dos casos, muestran la fragilidad de las instituciones sobre el control de la injerencia de los funcionarios en la práctica de la corrupción. Asimismo, con la permisibilidad de muchos trabajadores de mantener dos trabajos en el mismo horario. Además, tiene relación con el tema de las plazas fantasmas existentes en el gobierno desde hace décadas, cuya última noticia en el año 2021, confirmaba alrededor de 1 000 plazas fantasmas en el órgano legislativo.

      Este tipo de situaciones, obstaculiza el funcionamiento de un buen gobierno, eficaz y eficiente en la administración de los recursos públicos, pese a la promulgación de un gobierno electrónico y abierto con miras a la transparencia (Tobar, 2024), se está muy lejos de establecer mecanismos de contraloría social para el combate a la corrupción, la división de poderes es casi inexistente.

4. Conclusiones

   La ética, como disciplina filosófica, estudia la moral en sus diferentes contextos, para estudiar las buenas y malas acciones de la conducta del ser humano, cuya aplicación tiene relación con la investigación y su contexto histórico donde suceden los problemas morales.

   Desde 1970 puede caracterizarse a la sociedad como una posdeóntica, en la cual predomina una moral minimalista, debido al paso de la modernidad a la posmodernidad y en la cual los valores ya no son el fundamento de la sociedad, sino más bien se vuelven relativos. La ética, como disciplina filosófica, estudia la moral en sus diferentes contextos para analizar las buenas y malas acciones de la conducta del ser humano, cuya aplicación tiene relación con la investigación y su contexto histórico en el que surgen los problemas morales. Dichos problemas han obligado a los gobiernos a establecer legislaciones en materia de ética pública, con el objetivo de combatir la corrupción en los funcionarios, la cual se ha caracterizado como una enfermedad endémica a nivel mundial y provoca que se inviertan menos recursos económicos en las políticas públicas.

   En El Salvador los problemas de la corrupción, presentan un carácter estructural, cuyas violaciones a la ética pública ha sido algo normal en el desempeño de la función pública, desde un alcalde hasta los presidentes se han valido de su poder para ejercerla. Desde el año 1989 cuando ARENA toma el poder, las faltas a la ética gubernamental ha ocasionado la pérdida de miles de millones en robos, lo cual genera poca eficiencia y eficacia en la ejecución de proyectos en beneficio de la población y en la actualidad la realidad no cambia mucho.

   Este estudio recopiló ocho casos emblemáticos donde se muestra la violación a la Ley de Ética Gubernamental, la cual es un instrumento para sancionar las malas conductas de los funcionarios, pero su aplicación sigue teniendo poca influencia para destituirlos de su cargo al solo imponerle una sanción económica.

   

   Agradecimiento a los revisores

   La Revista «La Universidad» agradece a los siguientes revisores por su evaluación y sugerencias en este artículo:

   Mtro. Pedro Ernesto Domínguez Rivera

   Docente y coordinador de Procesos de Grado en Relaciones Internacionales, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

   pedro.dominguez@ues.edu.sv

   Mtra. Maritza Yanira Linares García

   Máster en Políticas Públicas, Universidad Dr. Andrés Bello.

   maritza.linares@unab.edu.sv

   Sus aportes fueron fundamentales para mejorar la calidad y rigor de esta investigación.

5. Referencias

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