(untitled) (La Universidad, 2026)
El territorio mexicano se ha convertido en una zona difícil para el tránsito de las mujeres migrantes, especialmente cuando se trata de acceder a salud sexual y reproductiva. Si bien la Constitución mexicana garantiza el derecho a la salud para toda persona que se encuentre en territorio nacional, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio, en la práctica la falta de regularización migratoria y las barreras administrativas, como la exigencia de documentos de identificación individual, limitan su acceso a servicios médicos y por ende al derecho. El examen de cómo estas mujeres viven enfrentando desafíos que exacerban las vulnerabilidades y la violencia basada en género revela niveles crecientes de exclusión y desigualdad que, a su vez, aumentan las barreras múltiples para acceder a los servicios básicos. Estos determinantes generan inseguridades, falta de servicios integrales, falta de acceso a métodos anticonceptivos, maltratos y, lamentablemente, escenarios de abuso. De igual forma, la restrictiva política migratoria mexicana actual se ve caracterizada por la contención de flujos y la militarización de fronteras, impidiendo aún más el acceso de las personas migrantes a servicios esenciales y al pleno goce de sus derechos