(untitled) (Revista Derecho, 2020)
El 15 de diciembre de 2017 se emite el Decreto legislativo 856, contentivo de la primera Ley de Procedimientos Administrativos en El Salvador; ley que se encuentra en vigencia desde febrero del año 2019; en la que principalmente se desarrolla el procedimiento administrativo general que debe de observar toda la Administración pública, pero también propone los principios a los que deberá de estar sujeta la mencionada AP. Aquí empodera al ciudadano de una serie de derechos, a fin de facilitarle a éste relacionarse con ella y como consecuencia, eficientizar la función administrativa y la tutela administrativa efectiva. Uno de los derechos que se positivizan en favor del ciudadano, es el de relacionarse con la AP a través de los medios electrónicos, y es este el derecho del que me ocuparé en esta ponencia; se partirá presentándolo como un instrumento del derecho a la información y del derecho al acceso a la información pública principalmente; luego se mostrará a este nuevo derecho, como una expresión del principio de antiformalismo al que está sujeta la AP, y como esta aparece como eje transversal en el contenido de la LPA, potenciando el derecho a la buena administración.