La Ley Especial contra Actos de Terrorismo y el principio de legalidad penal

Abstract

Una lectura del contexto social y político en que se aprueba la ley permitiría inferir que sus objetivos no declarados serían inmovilizar al movimiento popular y a la oposición política con la amenaza o la aplicación de una ley que sancione la protesta social y la desobediencia activa ciudadana, enmarcándolas dentro de un concepto laxo de terrorismo en el cual caben el crimen organizado, el delito común, el delito político, el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia a la opresión, la huelga, la protesta social, las manifestaciones públicas y cualquier otra conducta individual o colectiva que por analogía se asimile a los tipos descritos en su texto y que se considere punible por caer presuntivamente dentro de su objeto, el cual incluye no solo
esos tipos, sino también sus manifestaciones y actividades conexas, que a continuación intenta precisar por la forma de ejecución, medios y métodos empleados y por la intención de afectar ciertos bienes jurídicos concretos de carácter personal o material (vida, integridad, propiedad, etc.) o abstractos como el sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional.